NO AL CANJE DE DEUDA POR EDUCACION - Carta abierta a los Jefes de Estado de los países iberoamericanos

La carta que transcribimos abajo, redactada y suscrita en 2004 por miembros del Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, fue enviada, a través de la OEI, a los Jefes de Estado y Gobierno de los países iberoamericanos, con ocasión de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado (San José, Costa Rica, 19 y 20 noviembre 2004).

La carta se ha mantenido en este espacio, y ha continuado recabando adhesiones. Lo dicho en ella sigue teniendo plena vigencia y ha sido corroborado por la experiencia concreta de procesos de canje avanzados en estos últimos años entre el gobierno de España y los gobiernos de algunos países latinoamericanos. Más aún, dichos procesos han empezado a dejar al descubierto nuevos problemas y temas de preocupación que no estaban contemplados en esta carta.

Muchas negociaciones, mucha tinta y mucha polémica ha corrido desde el 2004 en torno al canje de deuda por educación. Numerosos pronunciamientos le han dicho NO a dicho canje, entre ellos la Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración de los Pueblos de SudAmérica (Córdoba, Argentina, julio 2006). Otros tantos se han alineado con dicho canje y han optado por promoverlo, entre ellos la Declaratoria del Foro Mundial de Educación realizado en Caracas en enero de 2006.

Ajenos a los cuestionamientos, entre otros provenientes de la propia España, el gobierno español y la OEI han avanzado con su programa de canje de deuda por educación. En la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación (Montevideo, 12-13 julio, 2006) los Ministros de Educación de la región avalaron dicho canje. En XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Montevideo, 27-28 de octubre de 2006, los Jefes de Estado ratificaron ese aval.

Así pues, cumpliendo con lo dicho en 2004, re-enviamos esta misma carta a la OEI y a los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Cumbre en Montevideo, y volvemos a difundirla ampliamente, haciendo un renovado llamado a circularla a nivel nacional e internacional y a adherirse a ella. En http://www.funredes.org/carta_cumbreiberoamericana/ consta el texto, la lista de firmantes hasta la fecha y el mecanismo para adherirse.

Carta abierta a los Jefes de Estado de los países iberoamericanos
presentes en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Montevideo, Uruguay, 27-28 de octubre de 2006).



Señores Jefes de Estado y de Gobierno:
Les reiteramos la Carta abierta a los Jefes de Estado de los países iberoamericanos, enviada con oportunidad de la XIV Cumbre Iberoamericana "Educar para Progresar",
(San José, Costa Rica, 19 y 20 noviembre 2004)


La Declaración de Costa Rica, aprobada por los Ministros de Educación durante la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación (San José, 28-29 octubre 2004), reitera, con razón, la necesidad de incrementar la inversión en educación y pone el acento en uno de los mecanismos recomendados para dicho incremento: el canje de deuda por educación. La Declaración avanza con propuestas concretas, solicitando al gobierno español y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) la realización de un encuentro en 2005 entre los gobiernos y los tenedores de deuda a fin de analizar el tema, y encarga a la OEI asumir un papel facilitador ante los países y los organismos cooperantes. Leemos que dicha Declaración, conteniendo éstas y otras recomendaciones de los Ministros de Educación, será presentada en la XIV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno a realizarse en Costa Rica en los próximos días (19-20 noviembre), bajo el lema de "Educar para Progresar". Estos son los antecedentes inmediatos que han motivado la redacción y difusión de esta carta pública que hacemos llegar a ustedes con oportunidad de esta Cumbre.

La posibilidad de canjear deuda externa para incrementar la inversión social en nuestros países, y concretamente en educación, no es un tema nuevo. De hecho, esta iniciativa se propone actualmente en vías paralelas, tanto en el marco de las Cumbres Iberoamericanas y las Conferencias Iberoamericanas de Educación, promovidas por el gobierno y la cooperación españoles, como en el marco de las Cumbres de las Américas, impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo activo de los organismos financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La investigación y la experiencia acumuladas en América Latina y el Caribe en materia de reforma educativa muestran que la asesoría y el endeudamiento externos que acompañan a dichas reformas desde la década del 90, principalmente por parte del Banco Mundial y del BID, no se han traducido en el prometido mejoramiento de la calidad de la educación y mucho menos en el esperado efecto de "alivio de la pobreza". El contexto económico y social no sólo que no mejoró sino que empeoró para la mayoría de la población en nuestros países. Por otra parte, como mostró el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación - LLECE, coordinado por la UNESCO, los mejores rendimientos de aprendizaje en la región (en las dos áreas claves evaluadas por el LLECE: Lectura-Escritura y Matemáticas) los obtuvo Cuba, un país que viene sosteniendo su fe y su compromiso en la educación a pesar de sus monumentales dificultades económicas, y el único en el ámbito regional que no ha acudido a asesoría y créditos de la banca multilateral.

Las negociaciones de dichos préstamos se hicieron y continúan haciéndose a puerta cerrada, sin consulta ni participación social, no obstante que el peso del pago de la deuda recae sobre toda la población y en especial sobre los más pobres, en cuyo nombre se realizan los préstamos. Los dineros aportados por dichos préstamos han sido mal usados, creándose una falsa ilusión de abundancia proclive al despilfarro y a la corrupción. Las condicionalidades impuestas por la banca multilateral, su desprecio por las especificidades y los acumulados nacionales, y su errónea comprensión de la educación y del cambio educativo, llevaron a configurar pequeños ministerios de élite para el manejo de dichos préstamos y proyectos internacionales, debilitando aun más en esas operaciones a los Ministerios de Educación. Las recetas aplicadas en nuestros países bajo el membrete de "reforma educativa" han resultado costosas e inoperantes, si nos atenemos a los parámetros de costo-beneficio que aplican los mismos economistas de los bancos que evalúan el cumplimiento de los proyectos.

Por otra parte, de la experiencia acumulada sabemos que los canjes de deuda:

* son iniciativas impulsadas -directa o indirectamente- por los gobiernos de los países acreedores, que desarrollan con estos canjes una especie de válvula de escape para canalizar las protestas de sus propios grupos sociales y sus organismos no gubernamentales;

* se han caracterizado por el cortoplacismo en la gestión de los gobiernos y el clientelismo en las relaciones de poder entre estos y los potenciales beneficiarios. Este horizonte estrecho se refleja en la priorización de proyectos cuyos frutos son visibles en poco tiempo y que se marchitan con la misma celeridad;

* gracias a su abultada promoción, llegan a crear la falsa idea de que con este mecanismo se podría pagar la deuda externa o incluso la posibilidad de una "deuda para el desarrollo", pero en verdad están lejos de resolver el problema de la deuda y ni siquiera aumentan sustantivamente los recursos para las inversiones sociales, contribuyendo a lo sumo como fuente adicional de financiamiento de las ONGs encargadas de gestionar los recursos obtenidos por la vía del canje.

Adicionalmente, la aceptación acrítica de la conversión de la deuda externa para fines sociales:

* desconoce o menosprecia la perniciosa incidencia de los programas de estabilización y las políticas de ajuste derivadas de la misma deuda, que han provocado un marcado deterioro de las condiciones sociales y un notorio debilitamiento de la capacidad y responsabilidad estatales en relación con la producción de bienes públicos, entre ellos la educación. Como revela el reciente estudio encargado por la OEI sobre el canje de deuda por educación, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más endeudada del mundo y en la mayoría de países el "servicio de la deuda" es mayor que el gasto en educación;

* refuerza la falsa creencia de que el principal problema de las políticas sociales, y de las educativas en particular, es la falta de recursos financieros y que su incremento resolverá el problema. Como sabemos, la "escasez" no es un dato de la realidad sino una construcción política y comunicacional, que revela en este caso que lo social no es prioritario -como sí lo es, en cambio, atender a los requerimientos del capital financiero- y que la "gobernabilidad" se basa en el cuidado de los intereses de las minorías antes que de la calidad de vida de toda la población.

De hecho, como ya es ampliamente reconocido, las "políticas sociales" en nuestros países han terminado convirtiéndose en políticas compensatorias, inmediatistas, encargadas de resolver la emergencia y sin capacidad para compensar los desequilibrios y los problemas generados por las políticas económicas. Asimismo, la "focalización" ha pasado a ser un instrumento de estigmatización de los excluidos ante el resto de la sociedad, al abandonar el Estado su responsabilidad en el cumplimiento universal de los derechos esenciales de la ciudadanía. Es pues el modelo económico mismo el que necesitamos cambiar, antes que darle oxígeno con el pulmón artificial de más préstamos y más canjes de deuda.

No es fortuito que en América Latina y el Caribe se venga reafirmando que la deuda externa es impagable e ilegitima. Hay entre nosotros quienes, incluso, sostienen que la deuda ya está pagada y que en realidad los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países subdesarrollados sobreendeudados, que deberían asumir con conciencia esta posición.

Dado este contexto, es importante que esta Cumbre Iberoamericana profundice en los problemas y en sus causas estructurales, y que no reitere los diagnósticos, conclusiones y recetas superficiales e ineficaces a que nos han acostumbrado los organismos financieros internacionales y sus contrapartes técnicas nacionales. Nuestras sociedades requieren ser clarificadas, no confundidas más, en torno a la deuda externa y a la ilusión de fórmulas mágicas de canje que resolverían el sobreendeudamiento y generarían recursos significativos para el desarrollo. Es indispensable reconocer a nivel internacional lo que ya sabemos en cada uno de nuestros países:

- el problema educativo es complejo y de largo arrastre y no se resuelve simplemente con más presupuesto;
- las principales causas de la insuficiente asignación de recursos para la educación son, entre otros, la priorización irresponsable del servicio de la deuda externa sobre el desarrollo social, la incomprensión y falta de valoración de la educación como condición fundamental del desarrollo económico y social, la corrupción - nacional y internacional - que continúa llevándose impunemente recursos públicos que deberían invertirse en la gente, el uso de la transparencia y la rendición de cuentas en el discurso pero no en los hechos de los gobiernos y de los organismos internacionales.

Estos y otros reconocimientos públicos exigen obviamente gran honradez y valor político. Esto es lo que esperamos de ustedes, pues la retórica ha llegado ya a un punto insostenible y la incredulidad ciudadana campea en todo el continente. Es hora de abrir la puerta para un gran diálogo entre acreedores y deudores de la deuda externa, a fin de no seguir por un camino sin salida tratando de realizar mejor las mismas tareas, simplemente para imponer la razón coyuntural del más fuerte, que implica la sinrazón de un futuro cada vez más inhumano.

Por todo lo anterior, desde la amplia y heterogénea sociedad civil latinoamericana y caribeña, solicitamos a ustedes:

1. Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa, en el que, luego de una auditoria integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar las deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna.

2. Se convoque de manera creíble y permanente a las sociedades civiles de nuestros países a elaborar respuestas estructurales y sistémicas, desde una visión global y respaldada con acciones políticas que permitan que la educación pase a ser genuinamente una herramienta de progreso y liberación.

* Carta redactada por Alberto Acosta y Rosa María Torres - Ecuador.


Siguen cientos de firmas de adhesión a esta carta en toda América Latina y en España.
Entre los firmantes está el actual Presidente del Ecuador, Rafael Correa.

Deudas ilegítimas entre Ecuador y el Estado español


Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), España, 2009

La ilegitimidad de los créditos FAD: Treinta años de historia


Carlos Gómez Gil, Dani Gómez-Olivé y Gemma Tarafa
Icaria Ed., 2008

Con treinta años de vida, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) es, sin duda, el programa estrella de la cooperación española, ya que ha dispuesto del mayor volumen de recursos en toda su historia. Con el tiempo se ha convertido también en el mayor instrumento generador de deuda externa en los países empobrecidos por parte del Estado español. A pesar de ello, en sus treinta años de vigencia no se ha realizado ninguna evaluación global sobre él por parte de los diferentes gobiernos que lo han gestionado. El FAD ha acumulado numerosas críticas, pero también reiterados compromisos de cambio que son sistemáticamente incumplidos. La reforma de la política de cooperación española en la que se trabaja en los últimos años tiene, en la profunda transformación de los créditos FAD, su piedra angular y la verdadera prueba de fuego que hasta la fecha está pendiente de cumplimiento.

El presente informe pretende ser un libro de consulta para aquellas personas, organizaciones y movimientos sociales preocupados, como nosotros lo estamos, por la mejora de nuestra cooperación con los países empobrecidos. Asimismo, proporciona argumentos técnicos y políticos de gran importancia con el fin de abrir caminos para su profunda reforma, algo pendiente desde hace años.

Adjunto al libro encontraréis un CD que contiene, entre otra información, una base de datos que permite consultar, de forma interactiva, todos los FAD concedidos desde 1977 hasta diciembre de 2006. El CD contiene también gráficos, tablas y mapas que se relacionea con el libro, junto con referencias legales de interés.

Más información en: Observatorio de la Deuda en la Globalización

¿Debe el Estado ayudar a las transnacionales españolas? Impactos ambientales y sociales del apoyo público a la internacionalización


Miquel Ortega
Muñoz Moya Editores

El gobierno regala dinero público a las multinacionales «españolas» para que se instalen en el extranjero.
En este libro se analizan los mecanismos institucionales a través de los cuales se canalizan cientos de millones de euros de dinero público a manos privadas en un entorno de opacidad casi total. Estas operaciones se supone que aumentan el bienestar de la población, pero el autor duda que las financiación pública de ventas de armas a Pinochet, a la dictadura argentina, o las actuales a Brasil, Colombia, Venezuela, Costa de Marfil, Surinán, Sudáfrica, Filipinas y un largo etc., ayuden al progreso de los países. Otras inversiones apoyadas producen catástrofes ambientales, extienden modelos productivos insostenibles, generan una deuda externa ilegítima que impide el desarrollo de países con problemáticas sociales acuciantes y perjudican a gran parte de la población.

Se estudian casos prácticos de inversión en el exterior (ENCE en M´Bopicuáa, Uruguay; PESCANOVA en Chile) poyados por la administración pública española pese a las importantes problemáticas sociales y ambientales que generan; igualmente se relacionan los proyectos en curso de alto impacto ambiental (Presa de las tres gargantas, China; Plantas de celulosa varios países; Plantas de generación eléctrica con alto nivel de emisiones; Venta de armas )

El libro no es sólo una documentada denuncia de la injusticia, ilegalidad y posibles responsabilidades exigibles, sino que también propone medidas para ir más allá mediante la salvaguarda de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, una mejor gestión de la deuda externa, leyes de responsabilidad ambiental, corresponsabilidad en la financiación y otras medidas.

Más información sobre los contenidos del libro: http://www.odg.cat/paginacas.php?id=506
ECUADOR: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC)
http://www.auditoriadeuda.org.ec/

[Dialogo 2000] Sísifo y la deuda - Argentina


Agencia de Noticias Pelota de Trapo - Edicion del 30/05/08
Sísifo y la deuda
16/05/08
Por Néstor Sappietro
(APe).- El último informe de la Secretaría de Finanzas señala que la Argentina tiene obligaciones por 144.728 millones de dólares, equivalente al 56% del PBI. Los números oficiales indican que en los últimos dos años la deuda creció y que, medida en dólares, es mayor que durante la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

La información, sin proponérselo se transforma en una alegoría a la metáfora de Sísifo, aquel a quien los dioses griegos habían condenado a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Como decía Albert Camus, refiriéndose a la condena impuesta al rey de Corinto: “Los Dioses habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”.

El sentido común, que nada entiende sobre los vericuetos de la economía, encuentra datos que desconsuelan: La gestión Kirchner desembolsó más de 50 mil millones de dólares en pagos de la deuda pública y, sin embargo, debemos más que en 2001. Allí aparece el desconsuelo del trabajo inútil y sin esperanza.

La riqueza es entregada a la usura internacional a cambio de nada, o lo que es peor, a cambio del hambre de miles de argentinos condenados en los confines del infierno a comer de la basura, a no tener asistencia sanitaria, a la desnutrición, a morirse de pobreza.

Dice Albert Camus en su maravilloso ensayo sobre Sísifo: “Lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces como la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hacia las cimas, y baja de nuevo a la llanura”.

Cada vez que escucho hablar sobre el pago de la deuda esas imágenes que describe Camus aparecen en mi memoria.

El ex diputado Mario Cafiero, señala: ”El problema de la deuda es el pésimo “arreglo” que hizo el actual gobierno, que no fue tal. Tampoco hubo un “ajuste” de ella, sino peor aún, un desajuste con la emisión de deuda contingente mediante las Unidades Ligadas al PBI, que crecen en forma geométrica año tras año, por la cual los prestamistas inescrupulosos pasaron a ser socios de nuestro crecimiento. Fue el peor de los malos arreglos posibles. La deuda no fue auditada. No se buscó diferenciar lo contraído ilegalmente”.

Si alguien tuviera dudas acerca de la inmoralidad de la deuda bastaría con repasar las investigaciones de Alejandro Olmos y su hijo. De paso, podríamos citarlo cuando dice: “Las deudas hay que pagarlas, las estafas no”.
A pesar de los anuncios ampulosos de cancelación, de quita histórica; la deuda sigue estando ahí, como una inmensa roca que llevamos sobre nuestras espaldas, como una excusa inmoral para justificar los destinos inciertos de la riqueza de un país que sigue hundiendo en el infierno del desprecio a sus mayorías.

Fuente de datos:
Diario Crítica 06-05-08

Si desea enviarnos un mensaje, puede hacerlo a
agenciapelota@pelotadetrapo.org.ar


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¡Somos Nosotr@s l@s Acreedores!
¡Si a la Vida No a la Deuda!
-Diálogo 2000-
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TE: 54-11-4307-1867

Declaración sobre la Deuda, Foro Social Mundial, Nairobi, Kenia, 24 enero 2007

Durante una multitudinaria Asamblea realizada en Nairobi el 4to día del FSM 2007, representantes de más de 50 organizaciones, redes y movimientos globales, regionales y nacionales que luchan contra la dominación de la deuda, acordaron la siguiente Declaración y Llamado a la Acción, que incluye entre otras propuestas la convocatoria a una Semana Global de Acción contra la Deuda, del 14 al 21 de octubre de 2007. Invitamos a todas aquellas organizaciones que quieren sumar su adhesión a comunicarse.

Declaración sobre Deuda
Foro Social Mundial, Nairobi, Kenia, 24 de enero de 2007

1. Campañas, movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales, comunitarias y religiosas y activistas de todo el mundo se encontraron en Nairobi, Kenia, para el Foro Social Mundial 2007. Juntos, las y los abajo firmantes tenemos la firme determinación de lograr el fin de la dominación ejercida a través de la deuda. Es escandaloso que el mundo rico reclame del Sur cientos de millones de dólares todos los días, en el pago del servicio de “deudas” que han surgido de las relaciones económicas injustas que empobrecen al Sur y enriquecen al Norte. Este endeudamiento es ilegítimo y continua robando a los pueblos de África, América Latina y Asia sus derechos a la independencia y la autonomía política, así como también a la salud, la educación, el agua y a todos los bienes esenciales y servicios básicos que tendrían que estar disponibles para todos y todas.

2. La crisis de la deuda no es sólo un problema financiero para los países del Sur. Es además un problema político que se basa en, y a la vez refuerza, relaciones de poder desiguales: la deuda continua siendo utilizada como un instrumento de control, a través de las condiciones que acompañan los créditos e iniciativas de alivio. Es un instrumento de presión usado por los países prestadores, intereses e instituciones del Norte para favorecer el ingreso de sus corporaciones multinacionales; ejecutar sus políticas externas, sus estrategias militares y de invasión; lograr acuerdos comerciales favorables; y promover la extracción de los recursos de los países que reciben créditos.

3. Esta deuda es también responsabilidad del Norte: ha promovido la crisis al otorgar préstamos de manera arbitraria, auto-interesada, irresponsable y explotadora, y al imponer sus políticas la ha profundizado. Los gobiernos ricos, corporaciones transnacionales e instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC tienen que asumir la responsabilidad por su papel en la creación y mantenimiento de esta situación.

Reconocemos asimismo el papel de gobiernos irresponsables y corruptos en el Sur en la creación de esta deuda. Estos gobiernos tienen el deber de restituir lo que han robado y explotado a los pueblos del Sur.

4. Aplaudimos a los y las activistas que han hecho campaña en Noruega, en colaboración y solidaridad con los movimientos en el Sur, y que han logrado convencer al gobierno de dicho país a convertirse en el primer prestador en anular reclamos de deuda sobre la base del reconocimiento de la irresponsabilidad de sus propias prácticas crediticias. Sabemos que han sido años de intensa acción lo que ha llevado el gobierno de Noruega a esta posición. Llamamos a otros prestadores a examinar las deudas que reclaman, a cuestionar la justicia y legitimidad de esos reclamos y reconocer su propia responsabilidad. Todos los prestadores – gobiernos, instituciones financieras y corporaciones privadas – deben asumir este desafío.

5. Sabemos que nuestra fuerza reside en el compromiso y determinación de los movimientos sociales, campañas e individuos trabajando solidariamente en todo el mundo. El desafío a la injusticia de la dominación de la deuda ha venido y viene de estos esfuerzos incansables y vocales. Estos, después de muchos años, ha logrado transformar la crisis de endeudamiento de un tema poco conocido, que muchos gobiernos no admitieron, a un asunto de debate mundial. También ha resultado en logros como los de Noruega y la realización de auditorías oficiales en Ecuador y otros países. Como movimientos populares y organizaciones del Sur y del Norte, tenemos la determinación de trabajar y levantar nuestras voces de manera conjunta, hasta lograr que nuestra demanda de poner fin a la dominación de la deuda devenga irresistible.

6. Dado el sufrimiento humano causado por la explotación colonial y actual de los países del Sur, el desequilibrio del poder económico y político y la devastación ecológica infligida al Sur por los intereses comerciales, gobiernos e instituciones financieras del Norte, no cabe duda que el Norte tiene una deuda con el Sur. Afirmamos que el Sur es acreedor de una enorme deuda histórica, social, cultural, política y ecológica, que sigue acumulándose. Hay que reconocer esta deuda y exigir su restitución y reparación.

7. Hacemos un llamado por el establecimiento de relaciones económicas justas entre países y en lo interno. NO estamos pidiendo iniciativas controladas por los prestadores, como el PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados) o el PRSP (Estrategia para la Reducción de la Pobreza), para aliviar los flujos financieros de algunos países empobrecidos, ni tampoco pedimos reducciones de deuda dependientes de las condiciones establecidas por las instituciones del Norte. Llamamos a los países ricos y poderosos del mundo a reconocer que se benefician de la explotación del Sur y que no asumen su responsabilidad al respecto. Afirmamos el derecho de los pueblos a exigir responsabilidad a sus propios gobiernos y hacemos un llamado a los gobiernos a respetar ese derecho. Llamamos a realizar auditorias oficiales y ciudadanas de las deudas, y a la realización de una auditoría ciudadana de las instituciones financieras internacionales. Llamamos a anular la deuda sin la imposición de condiciones por parte de los prestadores y a hacer restitución y reparaciones. Hacemos un llamado especial para que se anule la deuda reclamada a países que sufren situaciones de crisis y/o conflicto. Comprometemos nuestra solidaridad con aquellos gobiernos que deciden repudiar la deuda ilegítima. Demandamos la eliminación total de la deuda ilegítima, odiosa, injusta e impagable.

En consecuencia, nos unimos para apoyar los siguientes llamados a la acción:

Semana Global de Acción Contra la Deuda – 14 al 21 de octubre de 2007. Dentro de esta semana la deuda, se incluyen los siguientes días de lucha:
- 15 de octubre – 20 aniversario de la muerte de Thomas Sankara
- 16 de octubre – Día Mundial de la Alimentación y de la Mujer Rural
- 17 de octubre – Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
- 20 de octubre – Día Mundial de la Juventud
- 19 al 21 de octubre – Reuniones anuales del FMI-BM

Durante esta Semana llamaremos a los gobiernos en el Sur a repudiar la deuda y a los gobiernos en el Norte a anularla.

Realizar ayunos de protesta contra la dominación de la deuda.
- Del 6 de setiembre al 15 de octubre (Inicio de la Semana de Acción) se realizará un ayuno rotativo de 40 días.
- “Un almuerzo por Africa”: se propone que grupos en África y del Sur ayunen durante un almuerzo y durante dos días previos a la reunión del G8.

Aprovechar la ocasión de cumbres gubernamentales para reforzar el llamado de anulación de la deuda.
- G8, junio 2007:utilizando los medios de comunicación y movilizándonos en Alemania y en otras partes.
- Jefes de gobierno del Mancomunado de Naciones, noviembre de 2007: movilizaciones en Uganda.

Realizar auditorias de las deudas.
- Auditorias oficiales/gubernamentales y ciudadanas de las deudas y una auditoria ciudadana de las IFIs.

Convocar a personas prominentes a adherir.
- Llamar a las y los representantes parlamentarios, líderes religiosos y otras personas prominentes – en el Sur como también en el Norte – a sumar su apoyo a estas acciones y demandas.

6. 6. Fortalecer la acción conjunta entre las campañas frente a la deuda con la lucha contra el comercio injusto, las privatizaciones, la militarización y la guerra.

7. 7. Realizar una Jornada de Solidaridad el 29 de marzo, en apoyo al pueblo de Haití en sus demandas por la anulación y reparación de la deuda que se le reclama y el retiro de las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU (MINUSTAH).

8. 8. Difundir ampliamente esta Declaración y Llamado a la Acción, traduciéndola a todos los idiomas posibles.

Initial endorsements

Organizaciones y redes globales

Jubileo Sur, Lidy Nacpil
Federación Luterana Mundial, Programa de Incidencia sobre la Deuda Ilegítima, Angel Furlan y Juan Pedro Schaad
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica (Spedca), Ivonne Yanez
Consejo Mundial de Iglesias, Athena Peralta

Organizaciones y Redes Regionales

África Jubileo Sur, Demba Dembele
Afrodad, Vitalice Meja
Movimiento Asia-Pacífico sobre Deuda y Desarrollo (Jubileo Sur Asia), Milo Tanchuling
Eurodad, Alex Wilks
Jubileo Sur/Américas, Beverly Keene
Organizació de Iglesias Instituidas en África, Pastor Prisca Apudo
Movimiento Juvenil Pan-Africano, Maureen Nyakeramo

Organizaciones y Redes Nacionales

Jubileu 2000, Angola, Benjamin Castello
Diálogo 2000, Argentina, Beverly Keene
Cdl, Bangladesh, Mohiuddin Ahmad
Cadtm, Bélgica, Christine Vanden Doden, Eric Toussaint, Olivier Bonfond
Cncd – 11.11.11, Bélgica, Marta Ruiz
Cadd, Benin, Emilie Atchaka
Fundaçao Luterana de Diaconia, Brasil, Angelique van Zeeland
Jubileu Sul Brasil, Brasil, Marcos Arruda
Pacs, Brasil, Marcos Arruda
Cadtm ,Congo Brazzaville, Isabelle Kikouka, Nianga Rock
Nad-Cadtm, República Democrática del Congo, Victor Nzuzi
Acció Ecológica, Ecuador, Ivonne Yanez
Unión de Estudiantes de las Instituciones Etiopías de Educación Superior, Etiopía, Hunde Dhugassa
Cadtm, Francia, Claude Quemar
Blue 21, Alemania, Philipp Hersel
Papda, Haiti, Camille Chalmers
Vak (Red interncl. Cadtm), India, Ajit Muricken
Coalición Deuda y Desarrollo, Irlanda, Nessa N. Chasaide
Misionarios Comboni, Italia-Brasil, Dario Bossi
Fndp (Red interncl. Cadtm), Costa de Marfil, Solange Kone
Attac, Japón, Yoko Akimoto
Jubileo Kyushu sobre Deuda y Pobreza Mundial, Japón, Junko Okura
Justicia Económica Católica, Kenia, Vincent Manginga, Brenda Lungatso, Magnus Bruening, Andrea Rigon, Christine Mwanwa
Hermanas Consolata (miembro de Justicia Económica Católica), Kenia, Hna. Rose Fernández
Chemchemi ya Ukweli, Kenia, Dominic Kanuki
Kendren, Kenia, Njuki Githethwa
Asociación keniana de Bibliotecas, Kenia, Caroline Warnae
Tarc-Kenia, Chris Mwamblugu
Agenda Juvenil por la Paz y el Desarrollo, Kenia, Mokaya Araní
Cad (Red interncl. Cadtm) Mali, Aminata Touré Barry, Moktar Coulibaly
Attac-Cadtm, Marruecos, Mimoum Rhamani
Centro de Estudios Internacionales, Nicaragua, Alejandro Bendaña
Slug (Anular la Deuda), Noruega, Sigurel Kihl
Lpp,Paquistan, Farooq Tariq
Coalición sobre la Deuda, Filipinas, Milo Tanchuling, Elizabeth Paguio
Fundación Ibon, Filipinas, Tetet Lauron
Jubileo Sudáfrica, George Dor
Umzabalazo we Jubileo, Sudáfrica, Eddie Cottle
Campaña Quién Debe a Quien?, España, Griselda Piñero Delledonne
Observatorio de la Deuda en la Globalización, España, Iolanda Fresnillo
Aktion Finanzplatz,Suiza, Max Mader
Raid-Cadtm, Tunisia, Rathi Chamki
Caritas,Uganda, Vincent Edoku
Iglesia Unida de Cristo de Ainsworth, EE.UU., Lynne Smouse López
Coalición de Jubileo en el Noroeste, EE.UU., Alice Woldt
Jubileo Oregon , EE.UU.,Nancy Yuill
Jubileo EE.UU., Neil Watkins, Kristin Sundell
Jubileo Zambia, Muyatwa Sitali
Misionarios de Maryknoll, Zimbabwe, Merwyn De Mello
Lillia Okotta, Kenia
Kerstin Bergea, Suecia
Ranaimuye Nkya, Tanzania
Cara Pattison Bola Moyo, EE.UU.
Giulia de Ponce
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Canje de deuda por educación: ¿soberanía o sometimiento?, por Ana T. Lorenzo (enero 2006)

¿Soberanía o Sometimiento?
Canje de Deuda Externa por Educación

Por Ana T. Lorenzo
Publicado digitalmente: 26 de junio de 2006

El siguiente texto ha sido redactado por Ana T. Lorenzo para Diálogo 2000-Argentina, Jubileo Sur y MoPPaSol para ser presentado ante el VI Foro Social Mundial (Caracas, Venezuela, 24-29 de enero de 2006).

A los participantes del VI Foro Social Mundial
A las Organizaciones Sociales y Políticas

Una misma estrategia ha desarrollado la banca internacional que, a fines de la década del setenta, se encontró con una inusitada masa de petrodólares que exigían su colocación acelerada. Los prestamistas del mundo se vieron forzados a grandes y urgentes inversiones para evitar una crisis del sistema. La deuda externa de los países que “absorbieron” esos dólares no es, entonces, el producto de inversiones que capitalizan, sino de especulaciones que empobrecen. Porque las estructuras políticas que los tomaron no los volcaron al desarrollo de sus pueblos, sino al negocio financiero que enriquece a los traficantes.

Esa deuda es, pues, el denominador común de la desgracia de América Latina y de otros pueblos que, en la geografía del hambre y del atraso, se debaten en los conflictos generados por la miseria y la injusticia. Pero si es el denominador común de nuestra debilidad, esa deuda externa es -también—el denominador común de una fuerza a movilizar contra un sistema de especulación y de chantaje. (...) Ello implica no aceptar, como legítimas, las operaciones concertadas con beneficio para quienes las instrumentaron pero en perjuicio de los pueblos que las afrontan y tampoco ceder a la presión de quienes demandan el cumplimiento de la deuda, mientras bloquean las posibilidades de trabajo y producción para pagarla
.”

Alejandro Olmos:
La deuda externa , 3ª. Edición, Buenos Aires, Editorial de los Argentinos, 1995.

Desde hace dos años, se propone en ámbitos internacionales negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa de los países por inversiones en educación. Los objetivos explícitos de tal operación serían el incremento de los recursos económicos para la educación y el alivio de la deuda externa; objetivos loables teóricamente pero que esconden las perniciosas consecuencias que ocasionaría a los países deudores tal canje.

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se señala la escasez de recursos para la educación, se oculta que dicha escasez se debe, precisamente, al pago de los servicios de la deuda que crecen con el aumento de los intereses exigido unilateralmente por los acreedores. Desde la década del noventa, dicho pago ha sido superior a la inversión educativa total de cada país afectado, considerando la incidencia respectiva en el PBI; las únicas excepciones son Costa Rica y Guinea Ecuatorial, en que se equiparan ambos indicadores. En Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador, la porción del PBI destinado al pago de la deuda triplica el correspondiente a educación; en Brasil y Colombia, lo duplica (PNUD: Informe de Desarrollo Humano, 2004). Dicho pago consume, asimismo, gran parte de las exportaciones y de los recursos fiscales anuales.

Como ha ocurrido con otros mecanismos propuestos para “aliviar” el peso de la deuda, éstas son iniciativas de los acreedores y no de los deudores, lo cual ya las identifica como de interés financiero, económico y político y no como gestos de generosidad.

Otros canjes de deuda
La experiencia de las últimas dos décadas demuestra cómo otros canjes no sólo no han reducido la deuda sino que han generado nuevos condicionamientos a los deudores.

Deuda por inversiones. A partir de 1983, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos de los acreedores, generaron la existencia del mercado secundario de bonos de deuda externa al venderlos a inversionistas privados. Desde 1985, estos inversionistas compraron esos bonos a un precio muy inferior con los que se adueñaron de empresas públicas de los países deudores.
El ejemplo más dramático es Argentina, donde los inversionistas —generalmente, empresas nacionales de los países centrales— adquirieron bonos a un 20% de su valor —y aún a cifras muchísimo menores— y luego los canjearon en los noventa ante el gobierno de entonces quien los reconoció a su valor nominal. Con ellos compraron las empresas nacionales y se privatizaron los servicios públicos, constituyendo un brillante negocio para los inversores y una formidable estafa para el fisco.


Iniciativa PPME/HIPC (Países Pobres Muy Endeudados/High Indebted Poor Countries). En 1996, el FMI y el BM establecen este programa de reducción y/o condonación parcial o total de deuda para países muy pobres con mucha deuda. Se considera tales a los que tienen un ingreso per cápita inferior a U$A 925. - y en los que la relación entre deuda y exportaciones es ampliamente negativa. Sin embargo, para acceder a tal programa, se requiere el cumplimiento previo, durante varios años, de las políticas económicas ortodoxas del FMI (ajuste fiscal, desregulación, libre importación, garantía de inversiones extranjeras, etc.) y someterse a supervisiones posteriores a la condonación, también durante varios años, con las consiguientes consecuencias sociales de tales políticas. Hasta 2002, había 42 países calificando —de América Latina, sólo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana— y sólo 7 estaban culminado su calificación —entre ellos, Bolivia—.


Deuda por ayuda al desarrollo. Se trata de deudas bilaterales entre países (9 casos conocidos), en los que un país acreedor (Suiza, Alemania, Francia, España) resuelve canjear parte de su deuda a un país deudor (Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Bulgaria, Jordania) a cambio de que este último, en vez de girar el pago, invierta un porcentaje acordado en inversiones en desarrollo también pautadas bilateralmente.
Usualmente, una de las exigencias del país acreedor es que tales inversiones las ejecute una ONG propia y, a veces, también se exige como contrapartida garantías para la radicación de empresas del país acreedor (España). Se trata, en general, de montos ínfimos, se invierte en proyectos muy pequeños y se gasta gran parte del monto en el financiamiento de los funcionarios, asesores e insumos de la ONG a cargo.
Por ejemplo:
a) Alemania-Bolivia (2000), ayuda para pobreza y riego, U$A 38 millones;
b) España-República Dominicana (1999), reconstrucción de la infraestructura destruida por el Huracán George, U$A 2,8 millones.


Deuda por naturaleza. También ha implicado a deudas bilaterales (3 casos conocidos), con un mecanismo muy similar al anterior. En este caso, es una ONG del país acreedor (EEUU, España, Francia) la que presenta un proyecto medioambiental al país deudor (Argentina, Costa Rica, Indonesia) y éste deposita el monto acordado de la deuda; en otros casos, la ONG adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para desarrollar el proyecto. También son montos ínfimos y suele ocurrir que el precio de los bonos aumenta (Indonesia) al haber demanda y, por lo tanto, aumenta la deuda total; también ha ocurrido que los países acreedores reducen el plazo para el pago de la deuda íntegra.
Deuda por educación
Antecedentes

Ya en La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Ediciones UNESCO, Compendio, 1996), más conocido como Informe Delors, se expresa: “Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficits internos y externos”. (Cap. 9, pág. 39).

También el Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000), en el documento Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, señala: “Se estima que la realización de los objetivos de la educación para todos costará unos 8.000 millones de dólares anuales, lo cual exigirá un apoyo financiero complementario por parte de los países, así como una mayor asistencia al desarrollo y una reducción de la deuda por parte de los donantes bilaterales y multilaterales”. (Punto 21, pág. 7).

En el Comentario detallado del Marco de Acción de Dakar, preparado por el Comité de Redacción del Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; París, Francia, 23 de mayo de 2000), se afirma: “Debe darse gran prioridad a aliviar la deuda más deprisa, más a fondo y con mayor amplitud o a cancelarla, con miras a atenuar la pobreza, adquiriendo un compromiso firme con la educación básica”. (Punto 49, pág. 14).

Se advierte en estas declaraciones la estrecha relación entre el agobio de la deuda y las necesidades educativas; pero se convoca a su reducción o cancelación, sin condicionamientos.

Es recién en el documento Educación para todos en las Américas, Marco de Acción Regional (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Santo Domingo, 10-12 de febrero de 2001), suscripto por los países de América Latina, el Caribe y América del Norte, donde se explicita: “Los países se comprometen a: (...) Buscar de manera más extensa mecanismos alternativos de financiamiento de la educación, tales como condonación y canje de deuda externa”. (Punto 7, pág. 7).

Simultáneamente, en el contexto de las sucesivas rondas promovidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre el comercio mundial para establecer el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios), la educación es concebida como un servicio comercial y, por lo tanto, susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Innumerables voces internacionales se han levantado contra esta postura que relega la noción ampliamente compartida de concebir a la educación como un derecho social.

Cumbres de las Américas

En diciembre de 1994 se realiza en Miami, Estados Unidos, la I Cumbre de las Américas, en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos). Realizada por iniciativa de Estados Unidos, asisten todos los presidentes de los países de América, excepto Cuba, que no fue invitada por estar suspendida como miembro de la OEA desde la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo (Punta del Este, Uruguay, enero de 1962). En un proceso claramente determinado por los intereses estadounidenses, se propone la creación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) que, en su capítulo referido a servicios, también incluye a la educación. Por lo tanto, se la considera un servicio comercializable y que requiere un mercado libre, por lo que se permitiría la radicación de inversiones educativas con total apertura y libre circulación en todos los países signatarios. Es posible que la educación esté incluida en la recomendación de que los Estados deberán abstenerse de brindar servicios que entren en competencia desleal con los demás servicios, bienes y capitales que circulen libremente.

En el marco de estas Cumbres de las Américas (I: Miami, Estados Unidos, diciembre de 1994; II: Santiago, Chile, abril de 1998; III: Québec, Canadá, abril de 2001; Extraordinaria: Monterrey, México, enero de 2004; y IV: Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2005), la Secretaría General de la OEA crea, en 1996, la UDSE (Unidad de Desarrollo Social y Educación), responsable del seguimiento de los mandatos de las cumbres vinculados con la educación y la pobreza e impulsora de políticas en tal sentido. Con la cooperación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), promueve cuatro Reuniones de Ministros de Educación de los países miembros (Mérida, México, 1998; Punta del Este, Uruguay, 2001; México D.F., México, 2003; y Scarborough, Trinidad y Tobago, 2005).

Previamente a la penúltima reunión de Ministros mencionada, la UDSE convoca a un encuentro denominado La participación de la sociedad civil en la educación (Bogotá, Colombia, 28 y 29 de julio de 2003). En él participan dieciséis organizaciones sociales vinculadas a la educación, cifra exigua comparada con las que existen en todo el continente. Se aprobó una Declaración a ser presentada a los Ministros de Educación que expresa: “... En vista de las repercusiones que el ALCA puede tener en la educación de los países y en las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema, sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas, llevar a cabo un estudio serio de este punto, que permita formular propuestas que favorezcan la educación de los niños, las niñas y los jóvenes del continente. (...) Sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas elaborar una propuesta conjunta para ser presentada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en noviembre próximo, para que el Fondo Monetario Internacional condone una parte de la deuda externa y la destine a la inversión en la ampliación del acceso y el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación de los países de América Latina y el Caribe”. Es ésta la primera referencia explícita al canje de deuda externa por educación.

Presentada dicha Declaración ante la III Reunión de Ministros de Educación de la OEA (México D.F., México, 11-13 de agosto de 2003), a la cual asiste por primera vez un representante de Estados Unidos, la propuesta de canjear deuda externa por educación elaborada por la UDSE genera largas discusiones oficiales y extraoficiales. Es tomada y defendida por el Ministro de Argentina acompañado por sus pares de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, en la declaración formal del encuentro, aparece sólo una tibia referencia al tema: “... 7 .Consideramos conveniente explorar la posibilidad de canje de deuda por educación.”, como así también: “... Instamos a los Organismos Financieros Internacionales y a las naciones con mayores niveles de desarrollo a responder a los compromisos (...) mediante la creación de un Fondo Multilateral para la educación que permita no sólo apoyar a las naciones más vulnerables sino estimular a los países que están avanzando en el cumplimiento de las metas del milenio. 8. Presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno (...) la propuesta de un Fondo Multilateral, alianza entre el sector público y privado, para apoyar la educación”.

Informaciones periodísticas señalaban que “la aspiración latente apunta a que se logre una reducción de los intereses que oscile entre un 3 y un 5% de la deuda que el país debe pagar anualmente...” y “... Queda bien en claro que no se aplicarían al pago de sueldos y se emplearían para mejorar la calidad de la educación y su universalización...” (Diario La Nación, 6 de setiembre de 2003).

A partir de esta reunión, la propuesta tiene amplia difusión por la prensa.

Sin embargo, es recién en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, 4 y 5 de diciembre de 2005) —en la que los países del MERCOSUR y Venezuela pusieron serias reservas a la continuidad del ALCA— que el tema aparece en una declaración de presidentes en este ámbito de la OEA.
Dice la Declaración de Mar del Plata: “43. Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los ministros de Educación para que nuestros gobiernos exploren, con las instituciones financieras internacionales, otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación”.

Cumbres Iberoamericanas

Con anterioridad a las Cumbres de las Américas convocadas por la OEA e inspiradas claramente por Estados Unidos, se venían desarrollando las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Éstas fueron promovidas inicialmente por España y México y convocan a los mandatarios de los países hispano-luso hablantes, incluida Cuba, con España, Portugal y Andorra, para crear la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se realizan anualmente en cada país miembro (I: Guadalajara, México, 1991; II: Sevilla, España, 1992; III: Bahía, Brasil, 1993; IV: Bariloche, Argentina, 1994; y así sucesivamente hasta la XIII: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003; XIV: San José, Costa Rica, 2004; y XV: Salamanca, España, 2005).

En este ámbito, se recrea la preexistente OEI (Oficina de Educación Iberoamericana) y se transforma en OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este organismo convoca, también anualmente y previa a cada Cumbre de Presidentes, a las Conferencias Iberoamericanas de Educación, con los ministros del área de cada país miembro. En la XIII Conferencia (Tarija, Bolivia, 3 y 4 de setiembre de 2003), realizada un mes después que la de la OEA, vuelve a plantearse el canje de deuda por educación. En la Declaración de Tarija se expresa:
“... Reafirmamos que para garantizar la equidad, calidad y pertinencia de la educación que se imparte en todos los niveles educativos iberoamericanos, es necesario aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión en educación y proteger la ya efectuada en programas educativos con el fin de asegurar su sostenimiento y profundización. A tales efectos, solicitamos a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que analice mecanismos que permitan la conversión de un porcentaje a determinar de los servicios de la deuda por inversión en educación...” El tema es tomado por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 y 15 de noviembre de 2003), la que declaró lo siguiente: “32. Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objetivo de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea el interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y, a la vez, aumentar la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo”.

Un año después, en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (San José, Costa Rica, octubre de 2004), se volvió a considerar la propuesta y se declaró: “...continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países”.

En la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre de 2004), denominada precisamente Educar para progresar, el tema se expresó en la Declaración Final con mayor amplitud: “22. Nos comprometemos a promover en los distintos foros multilaterales el examen y la adopción de mecanismos financieros innovadores; inclusive, la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países u otras iniciativas que permitan gestionar recursos financieros que constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación. 23. Estos recursos deben invertirse según las necesidades concretas de nuestros países en programas que fortalezcan los sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajaos niveles de escolarización, las personas con discapacidad, así como proyectos que fortalezcan la enseñanza secundaria. 24. Estos fondos serán objeto de un manejo transparente y de una eficiente administración mediante mecanismos efectivos de control, de prevención y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los resultados obtenidos”.

En la XV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (Toledo, España, 13 y 14 de julio de 2005) se propugna un acuerdo bilateral. Se propone a los mandatarios que impulsen un Pacto Iberoamericano por la Educación que permita encontrar nuevos mecanismos para financiar la educación; entre ellos, el canje de deuda por inversiones en educación. En este caso, cada Estado Iberoamericano que mantenga una deuda con el Estado Español tendrá que realizar un acuerdo bilateral y presentar un proyecto educacional para que, en lugar de pagar y girar a España parte de su deuda, invierta esa suma acordada en un programa que fortalezca su sistema educativo. Dice la Declaración de Toledo que “los nuevos fondos obtenidos por el canje de deuda deberán apoyarse en una administración transparente y eficiente y en el seguimiento de los nuevos proyectos educativos teniendo en cuenta a la sociedad civil”.

En la misma reunión, se confirma el anuncio ya difundido de la condonación, por parte de España, de aproximadamente el 8% de la deuda que Argentina mantiene de U$A 1100 millones, lo que significarían U$A 78 millones. El Ministro argentino señaló que dicho monto será aplicado al Programa Nacional de Becas Estudiantiles.

La XV Cumbre Iberoamericana volvió a tocar el tema y produjo un Comunicado especial sobre conversión de deuda por inversión educativa que no agrega ningún concepto novedoso a los ya declarados en cumbres anteriores.

Como se observa, hasta ahora sólo se han producido expresiones de deseos —excepto, quizá, con España— sin que se hayan propuesto negociaciones concretas ni mecanismos específicos para concretar ese canje.

La UNESCO

En la 32ª. Conferencia General de la UNESCO (París, Francia, 21-25 de setiembre de 2003), el Ministro de Educación de Argentina solicita en su discurso “que la UNESCO encabece el trabajo para desarrollar mecanismos de trueque de deuda por educación(...). Se trata de sumar nuevos fondos que, con la participación de instituciones como UNESCO y UNICEF y de organizaciones locales de la comunidad, sean utilizados con transparencia y eficiencia...”. (Discurso, en Diario Clarín, 13 de octubre de 2003).

¿Desendeudamiento?
En diciembre último, Brasil y Argentina anunciaron el pago total de la deuda mantenida con el Fondo Monetario Internacional, medida que se publicitó como desendeudamiento. Una visión ingenua supondría que, entonces, ya no hay nada que canjear y, por lo tanto, quedaría anulado el canje de deuda por educación.

Sin embargo, el FMI es sólo uno de los acreedores. En el caso argentino, según el Diario Clarín (31 de diciembre de 2005), además de los bonistas privados y los bilaterales, se mantiene la deuda con el Banco Mundial (U$A 6837 millones) y con el BID (U$A 8507 millones), entre otros, por lo que la deuda total es de U$A 124.332 millones. Sin embargo, otros especialistas indican que esa cifra supera actualmente los U$A 135.000 millones.

De mantenerse la idea de canjear deuda por educación con el BID y el BM, se produciría otra insólita paradoja: se estaría canjeando una deuda que, en parte —y sin que se conozcan las cifras— se contrajo por la suscripción de préstamos para educación con ambos organismos y que significaron el financiamiento de proyectos y programas de asesorías para implementar las llamadas reformas educativas de tan dramáticas consecuencias. Esos préstamos se invirtieron en la contratación de expertos y asesores y en la compra de insumos y publicidad. Pero, fundamentalmente, impulsaron las concepciones del neoliberalismo educativo difundidas en todos los países. Resulta casi obvio señalar que estos organismos sólo aceptarían negociar algún canje condicionando las políticas educativas de los países deudores en la misma direccionalidad que ya lo venían haciendo.

La crítica
La difusión pública de esta propuesta generó importantes debates y sólidos cuestionamientos, a pesar de su lento avance concreto. Entre muchos otros, esas críticas fueron expresadas en tres documentos.

Carta Abierta al Presidente de la Nación y al Ministro de Educación. Canje de deuda externa por educación y conocimiento: ¿propuesta soberana o de la banca mundial? (Buenos Aires, Argentina, 5 de noviembre de 2003). Promovida por un grupo de pedagogos argentinos, en una semana recibió el apoyo de 1027 firmas de investigadores de la educación, docentes, personalidades de distintos ámbitos y de organizaciones gremiales del sector. Entre otros conceptos, solicitaba: “... se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a los países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso; destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años”.


Canje de deuda externa por educación . Diálogo 2000-Argentina, MoPaSSol y otros (Buenos Aires, Argentina, 17 de noviembre de 2003). Entre otras reflexiones, señalaba: “La propuesta de canje de deuda por educación adelantaría la aplicación del capítulo de inversiones del ALCA en nuestro país, en todo el continente y aún en el resto de los países endeudados de la periferia mundial. (...) Estos discursos pueden crear expectativas en sectores preocupados por las carencias del presupuesto destinado a la educación. Pero hay que decir que tales propuestas no responden a los verdaderos intereses del pueblo y la nación. Son consignas engañosas como lo fueron otras conocidas anteriormente”.


Carta Abierta a los Jefes de Estado presentes en la XIV Cumbre Iberoamericana “Educar para Progresar” (San José, Costa Rica, 18 de noviembre de 2004). Promovida por el Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, fue remitida a los participantes de la mencionada cumbre y recibió la adhesión de numerosos pedagogos de América Latina y el Caribe. Entre otras consideraciones, reclamaba: “Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa en el que, luego de una auditoría integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna”.
Pertinencia y actualidad de la crítica
Las ideas expresadas en los textos mencionados conservan plenamente su vigencia. Por lo tanto, retomando gran parte de lo en ellos expuesto, es necesario insistir en que canjear deuda externa por educación y conocimiento significa:

reconocer la legitimidad de la deuda, la que está inapelablemente cuestionada no sólo por el reclamo de los pueblos sino por investigaciones económicas fundamentadas;


renunciar a la denuncia de su carácter fraudulento, tal cual fue establecido en Argentina por la sentencia (13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;


abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido pagando y que, en realidad, los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países sobreendeudados;


posibilitar la injerencia de los organismos internaciones de crédito en la decisión de las políticas educativas nacionales, ya que es ingenuo suponer que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a los países desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana;


continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa que, ensayadas en el Chile de Pinochet, se impusieron en América Latina en la década del noventa por la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial —uno de los acreedores— y que pretendieron introducir mecanismos de mercado en los sistemas educativos públicos;


aceptar la idea —que no es nueva— de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados “países en vías de desarrollo”;


prolongar la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte de los ministerios de educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa y que se gastaron fundamentalmente en suculentos sueldos de técnicos, asesores, publicaciones, cursos y publicidad, desatendiendo las necesidades educativas concretas de los pueblos;


mantener los dramáticos efectos —de los que son corresponsables tales programas y proyectos— que tales políticas tuvieron en los países latinoamericanos que, lejos de resolver las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales, las agudizaron y crearon nuevas: la escuela pública sólo para los más pobres, la pérdida de su función educadora, la desestructuración de los sistemas, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre regiones y sectores sociales, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por niños y jóvenes, la desatención de la educación de adultos, la ausencia de contenidos nacionales y latinoamericanos, el abandono de orientaciones relevantes para cada país, etc.;


reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de excelente negocio para los inversores que significó el canje de deuda por inversiones;


desconocer los resultados perversos que ha tenido el canje de deuda por desarrollo, en el que los países son sometidos al monitoreo del cumplimiento de las recetas económicas ortodoxas del FMI, aún cuando los fondos se destinaran a “ayuda para la pobreza”;


desechar la experiencia del canje de deuda por naturaleza, posibilitando la actuación de las ONGs de los países acreedores;


insistir, de aplicarse un modelo similar, en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo y de sus problemas, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs de supuesto prestigio introducidas en las escuelas y desde las cuales se contratan expertos y se compran insumos —en especial, tecnológico-dependientes (computadoras)— y materiales;


ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos (2003), este país ejercerá en ella su indudable influencia;


no reparar en que, aunque sea la OEI quien supervise dicho canje, ésta no ha escapado a la influencia de las concepciones del neoliberalismo educativo en boga;


olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico-tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente superó ampliamente el presupuesto educativo total de cada uno de los países deudores;


postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de fondos especiales educativos con asignaciones específicas y prolongadas en el tiempo.


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Tomando en cuenta las informaciones y consideraciones precedentes,
INVITAMOS a las personas y a las organizaciones sociales y políticas participantes del VI Foro Social Mundial a debatir y profundizar estas ideas y a difundir entre los pueblos las previsibles consecuencias negativas que traerá para la educación popular la propuesta de canjear deuda externa por educación.

Buenos Aires, 17 de enero de 2006.

Observación: Este trabajo es el resultado de encuentros y consultas realizados por iniciativa de Diálogo 2000 de Argentina / Jubileo Sur. La redacción final estuvo a cargo de la profesora Ana T. Lorenzo.

Contactos:
noalcanje@yahoo.com.ar
Diálogo 2000 / Jubileo Sur: dialogo@wamani.apc.org
MoPaSSol: rinaber@datamarkets.com.ar

Argentina: Pronunciamiento de los organismos de Derechos Humanos acerca de la nueva Ley de Educación y el canje de deuda (julio 2006)

Tomado de: http://www.apdh-argentina.org.ar/documentos/docum_01/200607.asp

Acerca de la nueva Ley de Educación

En respuesta al llamado que se ha lanzado desde el gobierno nacional para debatir la nueva ley de Educación, los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes nos vemos en la necesidad de realizar algunas reflexiones.

En primer lugar creemos que la discusión de esta ley debe generar un debate amplio y profundo y que es imposible hacerlo dentro del cronograma establecido por el Ministerio de Educación. El Ministerio y la CTERA llamaron a Jornadas para el 5 de julio y los meses de agosto y setiembre, cuando el cronograma marca en su calendario el mes de junio para debate, julio para sistematización de los aportes y agosto para redacción del primer proyecto de ley. La Jornada del 5 de julio ha sido absolutamente insuficiente ya que en algunos colegios el material no llegó a tiempo, en otros sólo pudo revisarse parcialmente y en todos el tiempo no fue suficiente. Vista esta realidad señalamos la necesidad de ampliar los plazos establecidos y de modificar la modalidad de participación. Es poco serio considerar que en unas pocas horas es posible analizar y producir alternativas con la profundidad que este tema trascendente merece. Asimismo consideramos que la consulta a través de una encuesta que ha sido difundida a través de los medios nacionales el domingo 2 de julio, no es confiable.

Hemos leído atentamente el “Documento para el Debate” y deseamos expresar nuestras reflexiones en tres puntos centrales.

• La Educación es un Derecho Humano, según lo establece en su artículo 13 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es parte de nuestra Constitución. Como tal es exigible y tiene las características de progresividad y no regresividad. Remarcamos, además, la integralidad de todos los Derechos Humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.

• Partiendo de estos conceptos la Educación es una responsabilidad exclusiva e indelegable del Estado. Como tal el Estado debe garantizar el derecho a una Educación pública, común, laica, gratuita y obligatoria, tal como lo establecía la Ley 1420, pionera en el mundo y pilar básico de la educación argentina.

El Estado debe financiar exclusivamente la Educación pública para que ésta tenga edificios en condiciones dignas, elementos educativos adecuados, actualizados, y docentes bien remunerados.

Actualmente el Estado argentino está financiando la Educación privada en detrimento de la Educación pública. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, según cifras oficiales, se subvencionan 4128 colegios privados y/o conveniados con 1.110.056 alumnos sobre una matrícula total, en los dos distritos, de 1.526.021 alumnos.

Si bien el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, establece el derecho en su Art. 13. punto 3. de “respetar la libertad de los padres, y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos, escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, los padres que deseen una educación diferente para sus hijos por motivos educativos o confesionales, deben asumir las responsabilidades económicas de sus decisiones y no cargar sobre los contribuyentes el costo de una educación privilegiada. Y el Estado así debe señalarlo claramente.

También disentimos con el canje de deuda por educación, porque implica reconocer la legitimidad de la deuda externa y favorece la injerencia de organismos internacionales –como el FMI, BID y BM– y de las empresas multinacionales en las políticas educativas que son de exclusiva incumbencia de los pueblos.

• La creación social de un proyecto de país está vinculada a la gestación de un proyecto político-pedagógico desde el que se consolide un sistema educativo nacional, intercultural, único, articulado horizontal y verticalmente entre niveles, modalidades y orientaciones. De ese proyecto debe surgir la obligatoriedad del nivel inicial, el primario y el secundario, y una particular atención al derecho de todo ciudadano a una educación permanente.

Desde la ley de Transferencia y la Reforma Educativa de los ‘90 (Ley Federal), el sistema educativo ha sufrido y sufre la mayor fragmentación, la precarización del trabajo docente y la pérdida de pertinencia ante la urgencia social. La desigualdad, la exclusión y la desresponsabilización del Estado Nacional exigen al docente permanente asistencia en desmedro de su actividad específica.

La educación es un hecho político, actúa sobre el presente y el futuro de los pueblos y está basada en una ética que tiene que surgir del respeto de los DDHH: igualdad, solidaridad, libertad, justicia: los derechos sociales, culturales y económicos.

Debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de calidad: por una parte construcción y adquisición de conocimientos como herramienta fundamental para poder crear y participar realmente, y por la otra ser conscientes de que no se trata sólo de la adquisición de conocimientos, su demostración y evaluación, sino de Educar: es decir “hacer pensar”, desarrollar un pensamiento crítico, desatar un proceso de concientización de la persona sobre su realidad nacional y latinoamericana. Acompañar la construcción de un individuo libre, solidario y creador, que desarrolle una actividad eficaz, transformadora, colectiva, con conciencia del poder de la organización popular.

El Estado debe ocuparse de que en sus instituciones educativas públicas se formen ciudadanos capaces de gobernar y no sólo capaces de elegir candidatos.

El trabajo en todas sus manifestaciones es la potencialidad productora de los individuos y de los pueblos que se autorrealizan y organizan para la consolidación de una sociedad descolonizada, dinámica, heterogénea, capaz de pensarse, de peticionar y de reivindicar la justicia.

Hay que repensar la estructura del sistema educativo formal y adecuarlo a la realidad de los sujetos sociales que protagonizan la tarea de enseñanza-aprendizaje: la formación docente continua, cuestionadora y creadora de conocimientos; los tiempos, los espacios, la cotidianeidad del hecho educativo adentro de la escuela. Redefinir la calidad del trabajo de enseñanza-aprendizaje, de los contenidos, reelaborar la constante y tenaz adecuación de la tarea docente a la realidad de los sujetos sociales con los que trabaja, una realidad en la que el docente no puede ejercer su tarea específica: la enseñanza. Esto exige un compromiso del Estado con la justicia social y con la justa distribución de la riqueza, que impida la discriminación de vastos sectores excluidos y marginados de todo futuro.

En este trabajo común es fundamental lo comunicacional, la disponibilidad para confluir en un dialogo múltiple; un “diálogo-construcción”. Una acción en la que tiene un lugar importante la esperanza, la capacidad de rebeldía ante un “sistema-destino” que quiere imponer éste como el único orden posible. La urgencia de pensar la educación como un acto libre, crítico, reflexivo, profundamente humano. Un “acto de creación capaz de desencadenar otros actos creadores” (Freire, 1969).

Por último señalamos que es imprescindible un artículo en esta Ley que impida que puedan ejercer la docencia personas que hayan participado del terrorismo de Estado, pertenecientes a Servicios de Información, integrantes de Policías provinciales o federal o que hayan formado parte de Centros Clandestinos de Detención, ya que estos casos se dan actualmente en muchos institutos educativos.

Buenos Aires, julio de 2006

Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Centro de Estudios Legales y Sociales
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Herman@s de desaparecidos por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos (Córdoba, Argentina, 20 julio 2006)

Documento final

DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS
POR LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS DE SUDAMÉRICA

Las Delegadas y Delegados de las organizaciones sociales, de trabajadoras y trabajadores, campesinas, de los Pueblos Originarios, de todas las razas y credos, mujeres y hombres dignos, nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina para celebrar la Cumbre de los Pueblos de nuestra América del Sur.

Venimos desde la resistencia contra las políticas neoliberales imperialistas, expresadas en el libre comercio, la militarización, la dependencia financiera y la desigualdad socioeconómica que genera hambre y empobrecimiento a nuestros Pueblos. Lucha de resistencia que derrotó en Mar del Plata en noviembre de 2005, la intención del Presidente Bush de los Estados Unidos de avanzar en la consolidación del proyecto ALCA y del Acuerdo de Seguridad Continental.

Además, en este nuevo tiempo que transita nuestra Sudamérica, venimos construyendo alternativas populares a las políticas que resistimos, como aquí en Córdoba la articulación de los movimientos por el agua, la tierra y el ambiente.

Por esto, todas y todos los aquí reunidos no somos meros denunciantes de las políticas del imperio y sus aliados, sino que nos construimos desde nuestra autonomía y diversidad con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, fraterna y digna.

Desde esta Cumbre de los Pueblos de Sudamérica RATIFICAMOS:

• No a los Tratados de Libre Comercio
• SI a la integración desde y para los Pueblos

• NO a la deuda externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales
• SI a la independencia económica con soberanía financiera

• NO a la militarización y a la doctrina de Seguridad Continental
• SI a la Soberanía Popular y la Autodeterminación de los Pueblos

• NO a la desigualdad del hambre y la pobreza
• SI a la distribución de la riqueza, por la universalidad del derecho a la vida y la soberanía alimentaria

En ese sentido, DECLARAMOS:

Denunciamos la política de militarización llevada a cabo por el imperialismo, que es integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. De ahí que los tratados comerciales, como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos, minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la instalación de bases para su control y dominio.

Denunciamos y rechazamos la expresión del militarismo al interior de cada país, que se traduce en control social preventivo y represión abierta contra el reclamo popular, además de autoritarismo e impunidad en todas las esferas de la vida.

Reclamamos la denuncia de todos los pactos militares y el retiro de las tropas de Estados Unidos del Paraguay, así como de las tropas de ocupación de la MINUSTAH de Haití.

Exigimos el cese de la agresión y el inmediato retiro de las tropas de EE UU de Irak, y de las de Israel del Líbano y Palestina.

Exigimos la no ratificación - y consecuente anulación - del tratado de libre comercio del MERCOSUR con Israel.

Demandamos a los gobiernos políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur.

Repudiamos la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en el momento de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Exigimos que se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural, territorial e identitaria de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales. Exigimos la liberación de los presos políticos de los pueblos originarios en Chile.

Exigimos la realización de auditorias integrales y participativas de las deudas así como la suspensión de todo pago hasta tanto no se haya concluido con las mismas. Así podemos establecer con fundamentos quiénes realmente deben a quienes y avanzar en la identificación y sanción de los responsables del endeudamiento y cobranza ilegítimos y la restitución de lo saqueado. Reconocemos en esta lucha contra la impunidad de los grandes capitales, mercados e instituciones financieras, una base necesaria para la generación de alternativas de soberanía e independencia financiera, incluyendo la implementación de sistemas tributarios progresivos y la coordinación de acciones e iniciativas a nivel regional que permite aprovechar y compartir solidariamente la riqueza generada por nuestros Pueblos.

Rechazamos la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Rechazamos cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles.

Exigimos la difusión, cumplimiento y aplicación -con un mayor presupuesto para su eficacia- de las leyes de no violencia contra la mujer y de educación sexual y reproductiva.

Exigimos que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay suscriban la Declaración de Agua de México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay. Reclamamos la sanción de códigos de agua nacionales que sean abarcativos de todas las dimensiones del recurso, y de un código de agua de las Américas en el que deben insertarse los códigos nacionales, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y específicamente al Acuífero Guaraní.

Denunciamos que siendo esta región una de las más ricas del mundo en recursos naturales, capaz de producir alimentos y condiciones de vida digna al conjunto de su población, hoy posee más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, en especial las mujeres, los niños y los ancianos. Los Pueblos organizados exigimos a los poderes de los Estados que se ataquen las causas de la pobreza implementando políticas universales de redistribución de los bienes económicos, sociales y culturales.

Denunciamos la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Postulamos la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como judicial, y. rechazamos enfáticamente las demandas allí planteadas.

Exigimos la anulación inmediata de los Tratados Bilaterales de Inversión que los estados nacionales renuevan periódicamente. Denunciamos las facilidades y concesiones por parte de los gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales. No queremos industrias sucias en nuestros países. Exigimos el cese de la construcción de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay, así como la prosecución de otros proyectos similares en la región.

Rechazamos toda reforma judicial que conlleve a la privatización de la Justicia.

Exigimos un aumento sustancial de los presupuestos educativos y la profunda democratización de los sistemas educativos en todos los órdenes sin dilaciones. Exigimos la participación y el respeto de los plazos que ésta requiere para la discusión de las leyes vinculadas a la educación.

Rechazamos los canjes de deuda por educación, exigiendo en este sentido una actitud de escucha a los reiterados pedidos elevados a los gobiernos por parte de organizaciones, personalidades y expertos del área de educación de intachable trayectoria.

Denunciamos la continuidad de la ronda de negociaciones actual en la OMC y reclamamos su cierre. Rechazamos en particular la oferta de sectores esenciales como canje por promesas de cambios en las políticas proteccionistas de los países del norte.

Reclamamos que el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica, social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos. En este espíritu, nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por los trabajadores gráficos uruguayos de Coprograf, reclamando una rápida solución que haga efectiva la entrega de la planta a los trabajadores a un año de su ocupación.

Exigimos, sin desmedro para otros países, la salida al mar de Bolivia y la construcción de un puerto operado libremente por ese país hermano.

Exigir el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio 143 de la OIT contra la discriminación y la explotación y por la igualdad de oportunidades

MANIFESTAMOS nuestro compromiso por:

Avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando nuestro derecho a conocer y controlar los actos de gobierno.

Bregar por la libre circulación de los y las ciudadanas sudamericanas entre todos los países de la región.

Unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en la región, para defender los derechos sociales y laborales de los mismos. Establecer un plan de lucha contra el tráfico de personas incluyendo el tráfico infantil. Promover la propuesta de Carta de Ciudadanía Sudamericana.

Profundizar la acción de lucha contra las causas que generan el hambre y la pobreza de nuestros pueblos.

Asumirnos como Pueblos Acreedores, puesto que la deuda reclamada a nuestros países es ilegítima fraudulenta, devastadora y genocida, violadora de todos los derechos humanos y ambientales. No necesitamos de los créditos de las instituciones financieras internacionales y los mercados internacionales de capitales para desarrollarnos.

Convocarnos como Pueblos Americanos a unirnos y articular acciones continentales para confrontar y derrotar al militarismo, además de generar políticas populares y mecanismos regionales de defensa común para impedir la agresión militar del imperialismo.

Reivindicar la Seguridad Social como un derecho humano fundamental de los y las trabajadores, quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión social sobre bases solidarias, universales y redistributivas. Los sistemas de capitalización individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social.

Promover la organización de los trabajadores de la salud con las comunidades, barrios y organizaciones de pacientes, transgrediendo los límites de la función asistencial y articulando con otras áreas como educación, cuidado y preservación del medio ambiente, fortaleciendo el cambio de modelo hacia la promoción y prevención de la salud. Promover el uso racional de medicamentos y vacunas, y garantizar por parte de los países de la región, la cobertura de todos los tratamientos integrales de enfermedades como el VIH-SIDA, oncológicas y endémicas a los y las habitantes de la región.

Construir una toma de conciencia del sistema patriarcal imperante, desde lo individual hacia lo social, así como a transformar el lenguaje desde la perspectiva de género y luchar por la despenalización y legalización el aborto.

Reconocer que la violencia no es un problema personal sino social y que juntos, organizadamente lo podemos superar.

Luchar por la distribución equitativa del agua y tierra, priorizando su función social, y la Soberanía Alimentaria como derecho de los Pueblos a decidir qué y cómo producir y alimentarse.

Garantizar los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el campo y la permanencia y desarrollo de las y los jóvenes campesinos.

Considerar el acceso a la tierra urbana como derecho y no como mercancía. Asegurar la gestión democrática de la ciudad, promoviendo la participación de la sociedad en la formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.

Ratificar que el agua es un derecho humano esencial, tal la declaración de las Naciones Unidas. Acompañamos, en particular, la lucha del pueblo cordobés por lograr la estatización inmediata de Aguas Cordobesas, convirtiéndola en una empresa de saneamiento estatal, de gestión pública, con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores. Denunciamos la persistente actitud del gobernador de la provincia de mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo Suez y su socio Benito Roggio, y denunciamos ante la comunidad internacional que continúa vigente la ley 9279 (diciembre de 2005) que intenta dar continuidad a la privatización, esta vez con el pulpo de Benito Roggio.

Construir poder desde las y los trabajadores y el Pueblo para empujar a los gobiernos nacionales a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales. Apoyar las distintas iniciativas tendientes a ese fin, incluyendo la campaña en Argentina para recoger un millón de firmas para la recuperación del petróleo. Potestad soberana de las naciones sobre el subsuelo. Por una integración energética latinoamericana a partir de empresas estatales en beneficio de los pueblos para avanzar en la independencia económica y política.

Bregar por la democratización de la sociedad en su conjunto, por la libertad y democracia sindical, la incorporación de mecanismos de participación popular en la designación de los magistrados y por la democratización de las relaciones laborales en la justicia. Ratificamos una vez más nuestro objetivo de construir una Justicia para todas y todos, y no una Justicia para el mercado.

Defender el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los y las habitantes y en todos los niveles, que contemple la diversidad cultural y los saberes ancestrales de todos los pueblos. La educación permanente debe ser considerada como eje para la formación de ciudadanos críticos, participativos en una lógica emancipadora. Reapropiarnos del conocimiento y de su producción, de la investigación científica y tecnológica, revirtiendo el proceso dependiente de transnacionalización de los mismos.

Impulsar la estrategia del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y de los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), ya en marcha por los acuerdos entre Venezuela, Cuba y Bolivia.

Trabajar por la unidad de nuestros pueblos, que lejos de generar climas belicosos tienden a unirnos, siguiendo el camino de la segunda independencia que hemos recogido de Artigas, San Martín, Simón Bolívar y el Che.

Con estos compromisos nos convocamos a continuar fortaleciendo nuestras luchas de resistencia y la construcción popular de alternativas desde y para los Pueblos, en un nuevo encuentro en la Cumbre Social por la Integración en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en ocasión de la reunión de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Ciudad de Córdoba, Argentina, 20 de julio de 2006.-