Canje de deuda por educación: ¿soberanía o sometimiento?, por Ana T. Lorenzo (enero 2006)

¿Soberanía o Sometimiento?
Canje de Deuda Externa por Educación

Por Ana T. Lorenzo
Publicado digitalmente: 26 de junio de 2006

El siguiente texto ha sido redactado por Ana T. Lorenzo para Diálogo 2000-Argentina, Jubileo Sur y MoPPaSol para ser presentado ante el VI Foro Social Mundial (Caracas, Venezuela, 24-29 de enero de 2006).

A los participantes del VI Foro Social Mundial
A las Organizaciones Sociales y Políticas

Una misma estrategia ha desarrollado la banca internacional que, a fines de la década del setenta, se encontró con una inusitada masa de petrodólares que exigían su colocación acelerada. Los prestamistas del mundo se vieron forzados a grandes y urgentes inversiones para evitar una crisis del sistema. La deuda externa de los países que “absorbieron” esos dólares no es, entonces, el producto de inversiones que capitalizan, sino de especulaciones que empobrecen. Porque las estructuras políticas que los tomaron no los volcaron al desarrollo de sus pueblos, sino al negocio financiero que enriquece a los traficantes.

Esa deuda es, pues, el denominador común de la desgracia de América Latina y de otros pueblos que, en la geografía del hambre y del atraso, se debaten en los conflictos generados por la miseria y la injusticia. Pero si es el denominador común de nuestra debilidad, esa deuda externa es -también—el denominador común de una fuerza a movilizar contra un sistema de especulación y de chantaje. (...) Ello implica no aceptar, como legítimas, las operaciones concertadas con beneficio para quienes las instrumentaron pero en perjuicio de los pueblos que las afrontan y tampoco ceder a la presión de quienes demandan el cumplimiento de la deuda, mientras bloquean las posibilidades de trabajo y producción para pagarla
.”

Alejandro Olmos:
La deuda externa , 3ª. Edición, Buenos Aires, Editorial de los Argentinos, 1995.

Desde hace dos años, se propone en ámbitos internacionales negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa de los países por inversiones en educación. Los objetivos explícitos de tal operación serían el incremento de los recursos económicos para la educación y el alivio de la deuda externa; objetivos loables teóricamente pero que esconden las perniciosas consecuencias que ocasionaría a los países deudores tal canje.

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se señala la escasez de recursos para la educación, se oculta que dicha escasez se debe, precisamente, al pago de los servicios de la deuda que crecen con el aumento de los intereses exigido unilateralmente por los acreedores. Desde la década del noventa, dicho pago ha sido superior a la inversión educativa total de cada país afectado, considerando la incidencia respectiva en el PBI; las únicas excepciones son Costa Rica y Guinea Ecuatorial, en que se equiparan ambos indicadores. En Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador, la porción del PBI destinado al pago de la deuda triplica el correspondiente a educación; en Brasil y Colombia, lo duplica (PNUD: Informe de Desarrollo Humano, 2004). Dicho pago consume, asimismo, gran parte de las exportaciones y de los recursos fiscales anuales.

Como ha ocurrido con otros mecanismos propuestos para “aliviar” el peso de la deuda, éstas son iniciativas de los acreedores y no de los deudores, lo cual ya las identifica como de interés financiero, económico y político y no como gestos de generosidad.

Otros canjes de deuda
La experiencia de las últimas dos décadas demuestra cómo otros canjes no sólo no han reducido la deuda sino que han generado nuevos condicionamientos a los deudores.

Deuda por inversiones. A partir de 1983, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos de los acreedores, generaron la existencia del mercado secundario de bonos de deuda externa al venderlos a inversionistas privados. Desde 1985, estos inversionistas compraron esos bonos a un precio muy inferior con los que se adueñaron de empresas públicas de los países deudores.
El ejemplo más dramático es Argentina, donde los inversionistas —generalmente, empresas nacionales de los países centrales— adquirieron bonos a un 20% de su valor —y aún a cifras muchísimo menores— y luego los canjearon en los noventa ante el gobierno de entonces quien los reconoció a su valor nominal. Con ellos compraron las empresas nacionales y se privatizaron los servicios públicos, constituyendo un brillante negocio para los inversores y una formidable estafa para el fisco.


Iniciativa PPME/HIPC (Países Pobres Muy Endeudados/High Indebted Poor Countries). En 1996, el FMI y el BM establecen este programa de reducción y/o condonación parcial o total de deuda para países muy pobres con mucha deuda. Se considera tales a los que tienen un ingreso per cápita inferior a U$A 925. - y en los que la relación entre deuda y exportaciones es ampliamente negativa. Sin embargo, para acceder a tal programa, se requiere el cumplimiento previo, durante varios años, de las políticas económicas ortodoxas del FMI (ajuste fiscal, desregulación, libre importación, garantía de inversiones extranjeras, etc.) y someterse a supervisiones posteriores a la condonación, también durante varios años, con las consiguientes consecuencias sociales de tales políticas. Hasta 2002, había 42 países calificando —de América Latina, sólo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana— y sólo 7 estaban culminado su calificación —entre ellos, Bolivia—.


Deuda por ayuda al desarrollo. Se trata de deudas bilaterales entre países (9 casos conocidos), en los que un país acreedor (Suiza, Alemania, Francia, España) resuelve canjear parte de su deuda a un país deudor (Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Bulgaria, Jordania) a cambio de que este último, en vez de girar el pago, invierta un porcentaje acordado en inversiones en desarrollo también pautadas bilateralmente.
Usualmente, una de las exigencias del país acreedor es que tales inversiones las ejecute una ONG propia y, a veces, también se exige como contrapartida garantías para la radicación de empresas del país acreedor (España). Se trata, en general, de montos ínfimos, se invierte en proyectos muy pequeños y se gasta gran parte del monto en el financiamiento de los funcionarios, asesores e insumos de la ONG a cargo.
Por ejemplo:
a) Alemania-Bolivia (2000), ayuda para pobreza y riego, U$A 38 millones;
b) España-República Dominicana (1999), reconstrucción de la infraestructura destruida por el Huracán George, U$A 2,8 millones.


Deuda por naturaleza. También ha implicado a deudas bilaterales (3 casos conocidos), con un mecanismo muy similar al anterior. En este caso, es una ONG del país acreedor (EEUU, España, Francia) la que presenta un proyecto medioambiental al país deudor (Argentina, Costa Rica, Indonesia) y éste deposita el monto acordado de la deuda; en otros casos, la ONG adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para desarrollar el proyecto. También son montos ínfimos y suele ocurrir que el precio de los bonos aumenta (Indonesia) al haber demanda y, por lo tanto, aumenta la deuda total; también ha ocurrido que los países acreedores reducen el plazo para el pago de la deuda íntegra.
Deuda por educación
Antecedentes

Ya en La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Ediciones UNESCO, Compendio, 1996), más conocido como Informe Delors, se expresa: “Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficits internos y externos”. (Cap. 9, pág. 39).

También el Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000), en el documento Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, señala: “Se estima que la realización de los objetivos de la educación para todos costará unos 8.000 millones de dólares anuales, lo cual exigirá un apoyo financiero complementario por parte de los países, así como una mayor asistencia al desarrollo y una reducción de la deuda por parte de los donantes bilaterales y multilaterales”. (Punto 21, pág. 7).

En el Comentario detallado del Marco de Acción de Dakar, preparado por el Comité de Redacción del Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; París, Francia, 23 de mayo de 2000), se afirma: “Debe darse gran prioridad a aliviar la deuda más deprisa, más a fondo y con mayor amplitud o a cancelarla, con miras a atenuar la pobreza, adquiriendo un compromiso firme con la educación básica”. (Punto 49, pág. 14).

Se advierte en estas declaraciones la estrecha relación entre el agobio de la deuda y las necesidades educativas; pero se convoca a su reducción o cancelación, sin condicionamientos.

Es recién en el documento Educación para todos en las Américas, Marco de Acción Regional (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Santo Domingo, 10-12 de febrero de 2001), suscripto por los países de América Latina, el Caribe y América del Norte, donde se explicita: “Los países se comprometen a: (...) Buscar de manera más extensa mecanismos alternativos de financiamiento de la educación, tales como condonación y canje de deuda externa”. (Punto 7, pág. 7).

Simultáneamente, en el contexto de las sucesivas rondas promovidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre el comercio mundial para establecer el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios), la educación es concebida como un servicio comercial y, por lo tanto, susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Innumerables voces internacionales se han levantado contra esta postura que relega la noción ampliamente compartida de concebir a la educación como un derecho social.

Cumbres de las Américas

En diciembre de 1994 se realiza en Miami, Estados Unidos, la I Cumbre de las Américas, en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos). Realizada por iniciativa de Estados Unidos, asisten todos los presidentes de los países de América, excepto Cuba, que no fue invitada por estar suspendida como miembro de la OEA desde la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo (Punta del Este, Uruguay, enero de 1962). En un proceso claramente determinado por los intereses estadounidenses, se propone la creación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) que, en su capítulo referido a servicios, también incluye a la educación. Por lo tanto, se la considera un servicio comercializable y que requiere un mercado libre, por lo que se permitiría la radicación de inversiones educativas con total apertura y libre circulación en todos los países signatarios. Es posible que la educación esté incluida en la recomendación de que los Estados deberán abstenerse de brindar servicios que entren en competencia desleal con los demás servicios, bienes y capitales que circulen libremente.

En el marco de estas Cumbres de las Américas (I: Miami, Estados Unidos, diciembre de 1994; II: Santiago, Chile, abril de 1998; III: Québec, Canadá, abril de 2001; Extraordinaria: Monterrey, México, enero de 2004; y IV: Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2005), la Secretaría General de la OEA crea, en 1996, la UDSE (Unidad de Desarrollo Social y Educación), responsable del seguimiento de los mandatos de las cumbres vinculados con la educación y la pobreza e impulsora de políticas en tal sentido. Con la cooperación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), promueve cuatro Reuniones de Ministros de Educación de los países miembros (Mérida, México, 1998; Punta del Este, Uruguay, 2001; México D.F., México, 2003; y Scarborough, Trinidad y Tobago, 2005).

Previamente a la penúltima reunión de Ministros mencionada, la UDSE convoca a un encuentro denominado La participación de la sociedad civil en la educación (Bogotá, Colombia, 28 y 29 de julio de 2003). En él participan dieciséis organizaciones sociales vinculadas a la educación, cifra exigua comparada con las que existen en todo el continente. Se aprobó una Declaración a ser presentada a los Ministros de Educación que expresa: “... En vista de las repercusiones que el ALCA puede tener en la educación de los países y en las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema, sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas, llevar a cabo un estudio serio de este punto, que permita formular propuestas que favorezcan la educación de los niños, las niñas y los jóvenes del continente. (...) Sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas elaborar una propuesta conjunta para ser presentada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en noviembre próximo, para que el Fondo Monetario Internacional condone una parte de la deuda externa y la destine a la inversión en la ampliación del acceso y el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación de los países de América Latina y el Caribe”. Es ésta la primera referencia explícita al canje de deuda externa por educación.

Presentada dicha Declaración ante la III Reunión de Ministros de Educación de la OEA (México D.F., México, 11-13 de agosto de 2003), a la cual asiste por primera vez un representante de Estados Unidos, la propuesta de canjear deuda externa por educación elaborada por la UDSE genera largas discusiones oficiales y extraoficiales. Es tomada y defendida por el Ministro de Argentina acompañado por sus pares de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, en la declaración formal del encuentro, aparece sólo una tibia referencia al tema: “... 7 .Consideramos conveniente explorar la posibilidad de canje de deuda por educación.”, como así también: “... Instamos a los Organismos Financieros Internacionales y a las naciones con mayores niveles de desarrollo a responder a los compromisos (...) mediante la creación de un Fondo Multilateral para la educación que permita no sólo apoyar a las naciones más vulnerables sino estimular a los países que están avanzando en el cumplimiento de las metas del milenio. 8. Presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno (...) la propuesta de un Fondo Multilateral, alianza entre el sector público y privado, para apoyar la educación”.

Informaciones periodísticas señalaban que “la aspiración latente apunta a que se logre una reducción de los intereses que oscile entre un 3 y un 5% de la deuda que el país debe pagar anualmente...” y “... Queda bien en claro que no se aplicarían al pago de sueldos y se emplearían para mejorar la calidad de la educación y su universalización...” (Diario La Nación, 6 de setiembre de 2003).

A partir de esta reunión, la propuesta tiene amplia difusión por la prensa.

Sin embargo, es recién en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, 4 y 5 de diciembre de 2005) —en la que los países del MERCOSUR y Venezuela pusieron serias reservas a la continuidad del ALCA— que el tema aparece en una declaración de presidentes en este ámbito de la OEA.
Dice la Declaración de Mar del Plata: “43. Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los ministros de Educación para que nuestros gobiernos exploren, con las instituciones financieras internacionales, otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación”.

Cumbres Iberoamericanas

Con anterioridad a las Cumbres de las Américas convocadas por la OEA e inspiradas claramente por Estados Unidos, se venían desarrollando las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Éstas fueron promovidas inicialmente por España y México y convocan a los mandatarios de los países hispano-luso hablantes, incluida Cuba, con España, Portugal y Andorra, para crear la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se realizan anualmente en cada país miembro (I: Guadalajara, México, 1991; II: Sevilla, España, 1992; III: Bahía, Brasil, 1993; IV: Bariloche, Argentina, 1994; y así sucesivamente hasta la XIII: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003; XIV: San José, Costa Rica, 2004; y XV: Salamanca, España, 2005).

En este ámbito, se recrea la preexistente OEI (Oficina de Educación Iberoamericana) y se transforma en OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este organismo convoca, también anualmente y previa a cada Cumbre de Presidentes, a las Conferencias Iberoamericanas de Educación, con los ministros del área de cada país miembro. En la XIII Conferencia (Tarija, Bolivia, 3 y 4 de setiembre de 2003), realizada un mes después que la de la OEA, vuelve a plantearse el canje de deuda por educación. En la Declaración de Tarija se expresa:
“... Reafirmamos que para garantizar la equidad, calidad y pertinencia de la educación que se imparte en todos los niveles educativos iberoamericanos, es necesario aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión en educación y proteger la ya efectuada en programas educativos con el fin de asegurar su sostenimiento y profundización. A tales efectos, solicitamos a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que analice mecanismos que permitan la conversión de un porcentaje a determinar de los servicios de la deuda por inversión en educación...” El tema es tomado por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 y 15 de noviembre de 2003), la que declaró lo siguiente: “32. Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objetivo de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea el interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y, a la vez, aumentar la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo”.

Un año después, en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (San José, Costa Rica, octubre de 2004), se volvió a considerar la propuesta y se declaró: “...continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países”.

En la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre de 2004), denominada precisamente Educar para progresar, el tema se expresó en la Declaración Final con mayor amplitud: “22. Nos comprometemos a promover en los distintos foros multilaterales el examen y la adopción de mecanismos financieros innovadores; inclusive, la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países u otras iniciativas que permitan gestionar recursos financieros que constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación. 23. Estos recursos deben invertirse según las necesidades concretas de nuestros países en programas que fortalezcan los sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajaos niveles de escolarización, las personas con discapacidad, así como proyectos que fortalezcan la enseñanza secundaria. 24. Estos fondos serán objeto de un manejo transparente y de una eficiente administración mediante mecanismos efectivos de control, de prevención y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los resultados obtenidos”.

En la XV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (Toledo, España, 13 y 14 de julio de 2005) se propugna un acuerdo bilateral. Se propone a los mandatarios que impulsen un Pacto Iberoamericano por la Educación que permita encontrar nuevos mecanismos para financiar la educación; entre ellos, el canje de deuda por inversiones en educación. En este caso, cada Estado Iberoamericano que mantenga una deuda con el Estado Español tendrá que realizar un acuerdo bilateral y presentar un proyecto educacional para que, en lugar de pagar y girar a España parte de su deuda, invierta esa suma acordada en un programa que fortalezca su sistema educativo. Dice la Declaración de Toledo que “los nuevos fondos obtenidos por el canje de deuda deberán apoyarse en una administración transparente y eficiente y en el seguimiento de los nuevos proyectos educativos teniendo en cuenta a la sociedad civil”.

En la misma reunión, se confirma el anuncio ya difundido de la condonación, por parte de España, de aproximadamente el 8% de la deuda que Argentina mantiene de U$A 1100 millones, lo que significarían U$A 78 millones. El Ministro argentino señaló que dicho monto será aplicado al Programa Nacional de Becas Estudiantiles.

La XV Cumbre Iberoamericana volvió a tocar el tema y produjo un Comunicado especial sobre conversión de deuda por inversión educativa que no agrega ningún concepto novedoso a los ya declarados en cumbres anteriores.

Como se observa, hasta ahora sólo se han producido expresiones de deseos —excepto, quizá, con España— sin que se hayan propuesto negociaciones concretas ni mecanismos específicos para concretar ese canje.

La UNESCO

En la 32ª. Conferencia General de la UNESCO (París, Francia, 21-25 de setiembre de 2003), el Ministro de Educación de Argentina solicita en su discurso “que la UNESCO encabece el trabajo para desarrollar mecanismos de trueque de deuda por educación(...). Se trata de sumar nuevos fondos que, con la participación de instituciones como UNESCO y UNICEF y de organizaciones locales de la comunidad, sean utilizados con transparencia y eficiencia...”. (Discurso, en Diario Clarín, 13 de octubre de 2003).

¿Desendeudamiento?
En diciembre último, Brasil y Argentina anunciaron el pago total de la deuda mantenida con el Fondo Monetario Internacional, medida que se publicitó como desendeudamiento. Una visión ingenua supondría que, entonces, ya no hay nada que canjear y, por lo tanto, quedaría anulado el canje de deuda por educación.

Sin embargo, el FMI es sólo uno de los acreedores. En el caso argentino, según el Diario Clarín (31 de diciembre de 2005), además de los bonistas privados y los bilaterales, se mantiene la deuda con el Banco Mundial (U$A 6837 millones) y con el BID (U$A 8507 millones), entre otros, por lo que la deuda total es de U$A 124.332 millones. Sin embargo, otros especialistas indican que esa cifra supera actualmente los U$A 135.000 millones.

De mantenerse la idea de canjear deuda por educación con el BID y el BM, se produciría otra insólita paradoja: se estaría canjeando una deuda que, en parte —y sin que se conozcan las cifras— se contrajo por la suscripción de préstamos para educación con ambos organismos y que significaron el financiamiento de proyectos y programas de asesorías para implementar las llamadas reformas educativas de tan dramáticas consecuencias. Esos préstamos se invirtieron en la contratación de expertos y asesores y en la compra de insumos y publicidad. Pero, fundamentalmente, impulsaron las concepciones del neoliberalismo educativo difundidas en todos los países. Resulta casi obvio señalar que estos organismos sólo aceptarían negociar algún canje condicionando las políticas educativas de los países deudores en la misma direccionalidad que ya lo venían haciendo.

La crítica
La difusión pública de esta propuesta generó importantes debates y sólidos cuestionamientos, a pesar de su lento avance concreto. Entre muchos otros, esas críticas fueron expresadas en tres documentos.

Carta Abierta al Presidente de la Nación y al Ministro de Educación. Canje de deuda externa por educación y conocimiento: ¿propuesta soberana o de la banca mundial? (Buenos Aires, Argentina, 5 de noviembre de 2003). Promovida por un grupo de pedagogos argentinos, en una semana recibió el apoyo de 1027 firmas de investigadores de la educación, docentes, personalidades de distintos ámbitos y de organizaciones gremiales del sector. Entre otros conceptos, solicitaba: “... se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a los países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso; destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años”.


Canje de deuda externa por educación . Diálogo 2000-Argentina, MoPaSSol y otros (Buenos Aires, Argentina, 17 de noviembre de 2003). Entre otras reflexiones, señalaba: “La propuesta de canje de deuda por educación adelantaría la aplicación del capítulo de inversiones del ALCA en nuestro país, en todo el continente y aún en el resto de los países endeudados de la periferia mundial. (...) Estos discursos pueden crear expectativas en sectores preocupados por las carencias del presupuesto destinado a la educación. Pero hay que decir que tales propuestas no responden a los verdaderos intereses del pueblo y la nación. Son consignas engañosas como lo fueron otras conocidas anteriormente”.


Carta Abierta a los Jefes de Estado presentes en la XIV Cumbre Iberoamericana “Educar para Progresar” (San José, Costa Rica, 18 de noviembre de 2004). Promovida por el Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, fue remitida a los participantes de la mencionada cumbre y recibió la adhesión de numerosos pedagogos de América Latina y el Caribe. Entre otras consideraciones, reclamaba: “Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa en el que, luego de una auditoría integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna”.
Pertinencia y actualidad de la crítica
Las ideas expresadas en los textos mencionados conservan plenamente su vigencia. Por lo tanto, retomando gran parte de lo en ellos expuesto, es necesario insistir en que canjear deuda externa por educación y conocimiento significa:

reconocer la legitimidad de la deuda, la que está inapelablemente cuestionada no sólo por el reclamo de los pueblos sino por investigaciones económicas fundamentadas;


renunciar a la denuncia de su carácter fraudulento, tal cual fue establecido en Argentina por la sentencia (13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;


abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido pagando y que, en realidad, los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países sobreendeudados;


posibilitar la injerencia de los organismos internaciones de crédito en la decisión de las políticas educativas nacionales, ya que es ingenuo suponer que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a los países desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana;


continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa que, ensayadas en el Chile de Pinochet, se impusieron en América Latina en la década del noventa por la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial —uno de los acreedores— y que pretendieron introducir mecanismos de mercado en los sistemas educativos públicos;


aceptar la idea —que no es nueva— de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados “países en vías de desarrollo”;


prolongar la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte de los ministerios de educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa y que se gastaron fundamentalmente en suculentos sueldos de técnicos, asesores, publicaciones, cursos y publicidad, desatendiendo las necesidades educativas concretas de los pueblos;


mantener los dramáticos efectos —de los que son corresponsables tales programas y proyectos— que tales políticas tuvieron en los países latinoamericanos que, lejos de resolver las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales, las agudizaron y crearon nuevas: la escuela pública sólo para los más pobres, la pérdida de su función educadora, la desestructuración de los sistemas, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre regiones y sectores sociales, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por niños y jóvenes, la desatención de la educación de adultos, la ausencia de contenidos nacionales y latinoamericanos, el abandono de orientaciones relevantes para cada país, etc.;


reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de excelente negocio para los inversores que significó el canje de deuda por inversiones;


desconocer los resultados perversos que ha tenido el canje de deuda por desarrollo, en el que los países son sometidos al monitoreo del cumplimiento de las recetas económicas ortodoxas del FMI, aún cuando los fondos se destinaran a “ayuda para la pobreza”;


desechar la experiencia del canje de deuda por naturaleza, posibilitando la actuación de las ONGs de los países acreedores;


insistir, de aplicarse un modelo similar, en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo y de sus problemas, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs de supuesto prestigio introducidas en las escuelas y desde las cuales se contratan expertos y se compran insumos —en especial, tecnológico-dependientes (computadoras)— y materiales;


ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos (2003), este país ejercerá en ella su indudable influencia;


no reparar en que, aunque sea la OEI quien supervise dicho canje, ésta no ha escapado a la influencia de las concepciones del neoliberalismo educativo en boga;


olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico-tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente superó ampliamente el presupuesto educativo total de cada uno de los países deudores;


postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de fondos especiales educativos con asignaciones específicas y prolongadas en el tiempo.


--------------------------------------------------------------------------------


Tomando en cuenta las informaciones y consideraciones precedentes,
INVITAMOS a las personas y a las organizaciones sociales y políticas participantes del VI Foro Social Mundial a debatir y profundizar estas ideas y a difundir entre los pueblos las previsibles consecuencias negativas que traerá para la educación popular la propuesta de canjear deuda externa por educación.

Buenos Aires, 17 de enero de 2006.

Observación: Este trabajo es el resultado de encuentros y consultas realizados por iniciativa de Diálogo 2000 de Argentina / Jubileo Sur. La redacción final estuvo a cargo de la profesora Ana T. Lorenzo.

Contactos:
noalcanje@yahoo.com.ar
Diálogo 2000 / Jubileo Sur: dialogo@wamani.apc.org
MoPaSSol: rinaber@datamarkets.com.ar

Argentina: Pronunciamiento de los organismos de Derechos Humanos acerca de la nueva Ley de Educación y el canje de deuda (julio 2006)

Tomado de: http://www.apdh-argentina.org.ar/documentos/docum_01/200607.asp

Acerca de la nueva Ley de Educación

En respuesta al llamado que se ha lanzado desde el gobierno nacional para debatir la nueva ley de Educación, los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes nos vemos en la necesidad de realizar algunas reflexiones.

En primer lugar creemos que la discusión de esta ley debe generar un debate amplio y profundo y que es imposible hacerlo dentro del cronograma establecido por el Ministerio de Educación. El Ministerio y la CTERA llamaron a Jornadas para el 5 de julio y los meses de agosto y setiembre, cuando el cronograma marca en su calendario el mes de junio para debate, julio para sistematización de los aportes y agosto para redacción del primer proyecto de ley. La Jornada del 5 de julio ha sido absolutamente insuficiente ya que en algunos colegios el material no llegó a tiempo, en otros sólo pudo revisarse parcialmente y en todos el tiempo no fue suficiente. Vista esta realidad señalamos la necesidad de ampliar los plazos establecidos y de modificar la modalidad de participación. Es poco serio considerar que en unas pocas horas es posible analizar y producir alternativas con la profundidad que este tema trascendente merece. Asimismo consideramos que la consulta a través de una encuesta que ha sido difundida a través de los medios nacionales el domingo 2 de julio, no es confiable.

Hemos leído atentamente el “Documento para el Debate” y deseamos expresar nuestras reflexiones en tres puntos centrales.

• La Educación es un Derecho Humano, según lo establece en su artículo 13 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es parte de nuestra Constitución. Como tal es exigible y tiene las características de progresividad y no regresividad. Remarcamos, además, la integralidad de todos los Derechos Humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.

• Partiendo de estos conceptos la Educación es una responsabilidad exclusiva e indelegable del Estado. Como tal el Estado debe garantizar el derecho a una Educación pública, común, laica, gratuita y obligatoria, tal como lo establecía la Ley 1420, pionera en el mundo y pilar básico de la educación argentina.

El Estado debe financiar exclusivamente la Educación pública para que ésta tenga edificios en condiciones dignas, elementos educativos adecuados, actualizados, y docentes bien remunerados.

Actualmente el Estado argentino está financiando la Educación privada en detrimento de la Educación pública. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, según cifras oficiales, se subvencionan 4128 colegios privados y/o conveniados con 1.110.056 alumnos sobre una matrícula total, en los dos distritos, de 1.526.021 alumnos.

Si bien el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, establece el derecho en su Art. 13. punto 3. de “respetar la libertad de los padres, y en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos, escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, los padres que deseen una educación diferente para sus hijos por motivos educativos o confesionales, deben asumir las responsabilidades económicas de sus decisiones y no cargar sobre los contribuyentes el costo de una educación privilegiada. Y el Estado así debe señalarlo claramente.

También disentimos con el canje de deuda por educación, porque implica reconocer la legitimidad de la deuda externa y favorece la injerencia de organismos internacionales –como el FMI, BID y BM– y de las empresas multinacionales en las políticas educativas que son de exclusiva incumbencia de los pueblos.

• La creación social de un proyecto de país está vinculada a la gestación de un proyecto político-pedagógico desde el que se consolide un sistema educativo nacional, intercultural, único, articulado horizontal y verticalmente entre niveles, modalidades y orientaciones. De ese proyecto debe surgir la obligatoriedad del nivel inicial, el primario y el secundario, y una particular atención al derecho de todo ciudadano a una educación permanente.

Desde la ley de Transferencia y la Reforma Educativa de los ‘90 (Ley Federal), el sistema educativo ha sufrido y sufre la mayor fragmentación, la precarización del trabajo docente y la pérdida de pertinencia ante la urgencia social. La desigualdad, la exclusión y la desresponsabilización del Estado Nacional exigen al docente permanente asistencia en desmedro de su actividad específica.

La educación es un hecho político, actúa sobre el presente y el futuro de los pueblos y está basada en una ética que tiene que surgir del respeto de los DDHH: igualdad, solidaridad, libertad, justicia: los derechos sociales, culturales y económicos.

Debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de calidad: por una parte construcción y adquisición de conocimientos como herramienta fundamental para poder crear y participar realmente, y por la otra ser conscientes de que no se trata sólo de la adquisición de conocimientos, su demostración y evaluación, sino de Educar: es decir “hacer pensar”, desarrollar un pensamiento crítico, desatar un proceso de concientización de la persona sobre su realidad nacional y latinoamericana. Acompañar la construcción de un individuo libre, solidario y creador, que desarrolle una actividad eficaz, transformadora, colectiva, con conciencia del poder de la organización popular.

El Estado debe ocuparse de que en sus instituciones educativas públicas se formen ciudadanos capaces de gobernar y no sólo capaces de elegir candidatos.

El trabajo en todas sus manifestaciones es la potencialidad productora de los individuos y de los pueblos que se autorrealizan y organizan para la consolidación de una sociedad descolonizada, dinámica, heterogénea, capaz de pensarse, de peticionar y de reivindicar la justicia.

Hay que repensar la estructura del sistema educativo formal y adecuarlo a la realidad de los sujetos sociales que protagonizan la tarea de enseñanza-aprendizaje: la formación docente continua, cuestionadora y creadora de conocimientos; los tiempos, los espacios, la cotidianeidad del hecho educativo adentro de la escuela. Redefinir la calidad del trabajo de enseñanza-aprendizaje, de los contenidos, reelaborar la constante y tenaz adecuación de la tarea docente a la realidad de los sujetos sociales con los que trabaja, una realidad en la que el docente no puede ejercer su tarea específica: la enseñanza. Esto exige un compromiso del Estado con la justicia social y con la justa distribución de la riqueza, que impida la discriminación de vastos sectores excluidos y marginados de todo futuro.

En este trabajo común es fundamental lo comunicacional, la disponibilidad para confluir en un dialogo múltiple; un “diálogo-construcción”. Una acción en la que tiene un lugar importante la esperanza, la capacidad de rebeldía ante un “sistema-destino” que quiere imponer éste como el único orden posible. La urgencia de pensar la educación como un acto libre, crítico, reflexivo, profundamente humano. Un “acto de creación capaz de desencadenar otros actos creadores” (Freire, 1969).

Por último señalamos que es imprescindible un artículo en esta Ley que impida que puedan ejercer la docencia personas que hayan participado del terrorismo de Estado, pertenecientes a Servicios de Información, integrantes de Policías provinciales o federal o que hayan formado parte de Centros Clandestinos de Detención, ya que estos casos se dan actualmente en muchos institutos educativos.

Buenos Aires, julio de 2006

Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Centro de Estudios Legales y Sociales
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Herman@s de desaparecidos por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos (Córdoba, Argentina, 20 julio 2006)

Documento final

DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS
POR LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS DE SUDAMÉRICA

Las Delegadas y Delegados de las organizaciones sociales, de trabajadoras y trabajadores, campesinas, de los Pueblos Originarios, de todas las razas y credos, mujeres y hombres dignos, nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina para celebrar la Cumbre de los Pueblos de nuestra América del Sur.

Venimos desde la resistencia contra las políticas neoliberales imperialistas, expresadas en el libre comercio, la militarización, la dependencia financiera y la desigualdad socioeconómica que genera hambre y empobrecimiento a nuestros Pueblos. Lucha de resistencia que derrotó en Mar del Plata en noviembre de 2005, la intención del Presidente Bush de los Estados Unidos de avanzar en la consolidación del proyecto ALCA y del Acuerdo de Seguridad Continental.

Además, en este nuevo tiempo que transita nuestra Sudamérica, venimos construyendo alternativas populares a las políticas que resistimos, como aquí en Córdoba la articulación de los movimientos por el agua, la tierra y el ambiente.

Por esto, todas y todos los aquí reunidos no somos meros denunciantes de las políticas del imperio y sus aliados, sino que nos construimos desde nuestra autonomía y diversidad con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, fraterna y digna.

Desde esta Cumbre de los Pueblos de Sudamérica RATIFICAMOS:

• No a los Tratados de Libre Comercio
• SI a la integración desde y para los Pueblos

• NO a la deuda externa y la injerencia de las instituciones financieras internacionales
• SI a la independencia económica con soberanía financiera

• NO a la militarización y a la doctrina de Seguridad Continental
• SI a la Soberanía Popular y la Autodeterminación de los Pueblos

• NO a la desigualdad del hambre y la pobreza
• SI a la distribución de la riqueza, por la universalidad del derecho a la vida y la soberanía alimentaria

En ese sentido, DECLARAMOS:

Denunciamos la política de militarización llevada a cabo por el imperialismo, que es integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. De ahí que los tratados comerciales, como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos, minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la instalación de bases para su control y dominio.

Denunciamos y rechazamos la expresión del militarismo al interior de cada país, que se traduce en control social preventivo y represión abierta contra el reclamo popular, además de autoritarismo e impunidad en todas las esferas de la vida.

Reclamamos la denuncia de todos los pactos militares y el retiro de las tropas de Estados Unidos del Paraguay, así como de las tropas de ocupación de la MINUSTAH de Haití.

Exigimos el cese de la agresión y el inmediato retiro de las tropas de EE UU de Irak, y de las de Israel del Líbano y Palestina.

Exigimos la no ratificación - y consecuente anulación - del tratado de libre comercio del MERCOSUR con Israel.

Demandamos a los gobiernos políticas que respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur.

Repudiamos la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en el momento de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Exigimos que se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural, territorial e identitaria de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales. Exigimos la liberación de los presos políticos de los pueblos originarios en Chile.

Exigimos la realización de auditorias integrales y participativas de las deudas así como la suspensión de todo pago hasta tanto no se haya concluido con las mismas. Así podemos establecer con fundamentos quiénes realmente deben a quienes y avanzar en la identificación y sanción de los responsables del endeudamiento y cobranza ilegítimos y la restitución de lo saqueado. Reconocemos en esta lucha contra la impunidad de los grandes capitales, mercados e instituciones financieras, una base necesaria para la generación de alternativas de soberanía e independencia financiera, incluyendo la implementación de sistemas tributarios progresivos y la coordinación de acciones e iniciativas a nivel regional que permite aprovechar y compartir solidariamente la riqueza generada por nuestros Pueblos.

Rechazamos la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Rechazamos cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles.

Exigimos la difusión, cumplimiento y aplicación -con un mayor presupuesto para su eficacia- de las leyes de no violencia contra la mujer y de educación sexual y reproductiva.

Exigimos que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay suscriban la Declaración de Agua de México, firmada por Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay. Reclamamos la sanción de códigos de agua nacionales que sean abarcativos de todas las dimensiones del recurso, y de un código de agua de las Américas en el que deben insertarse los códigos nacionales, prestando especial atención a las reservas de agua dulce, y específicamente al Acuífero Guaraní.

Denunciamos que siendo esta región una de las más ricas del mundo en recursos naturales, capaz de producir alimentos y condiciones de vida digna al conjunto de su población, hoy posee más de la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, en especial las mujeres, los niños y los ancianos. Los Pueblos organizados exigimos a los poderes de los Estados que se ataquen las causas de la pobreza implementando políticas universales de redistribución de los bienes económicos, sociales y culturales.

Denunciamos la inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Postulamos la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como judicial, y. rechazamos enfáticamente las demandas allí planteadas.

Exigimos la anulación inmediata de los Tratados Bilaterales de Inversión que los estados nacionales renuevan periódicamente. Denunciamos las facilidades y concesiones por parte de los gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales. No queremos industrias sucias en nuestros países. Exigimos el cese de la construcción de las plantas de celulosa sobre las márgenes del río Uruguay, así como la prosecución de otros proyectos similares en la región.

Rechazamos toda reforma judicial que conlleve a la privatización de la Justicia.

Exigimos un aumento sustancial de los presupuestos educativos y la profunda democratización de los sistemas educativos en todos los órdenes sin dilaciones. Exigimos la participación y el respeto de los plazos que ésta requiere para la discusión de las leyes vinculadas a la educación.

Rechazamos los canjes de deuda por educación, exigiendo en este sentido una actitud de escucha a los reiterados pedidos elevados a los gobiernos por parte de organizaciones, personalidades y expertos del área de educación de intachable trayectoria.

Denunciamos la continuidad de la ronda de negociaciones actual en la OMC y reclamamos su cierre. Rechazamos en particular la oferta de sectores esenciales como canje por promesas de cambios en las políticas proteccionistas de los países del norte.

Reclamamos que el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica, social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos. En este espíritu, nos solidarizamos con la lucha llevada adelante por los trabajadores gráficos uruguayos de Coprograf, reclamando una rápida solución que haga efectiva la entrega de la planta a los trabajadores a un año de su ocupación.

Exigimos, sin desmedro para otros países, la salida al mar de Bolivia y la construcción de un puerto operado libremente por ese país hermano.

Exigir el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio 143 de la OIT contra la discriminación y la explotación y por la igualdad de oportunidades

MANIFESTAMOS nuestro compromiso por:

Avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando nuestro derecho a conocer y controlar los actos de gobierno.

Bregar por la libre circulación de los y las ciudadanas sudamericanas entre todos los países de la región.

Unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en la región, para defender los derechos sociales y laborales de los mismos. Establecer un plan de lucha contra el tráfico de personas incluyendo el tráfico infantil. Promover la propuesta de Carta de Ciudadanía Sudamericana.

Profundizar la acción de lucha contra las causas que generan el hambre y la pobreza de nuestros pueblos.

Asumirnos como Pueblos Acreedores, puesto que la deuda reclamada a nuestros países es ilegítima fraudulenta, devastadora y genocida, violadora de todos los derechos humanos y ambientales. No necesitamos de los créditos de las instituciones financieras internacionales y los mercados internacionales de capitales para desarrollarnos.

Convocarnos como Pueblos Americanos a unirnos y articular acciones continentales para confrontar y derrotar al militarismo, además de generar políticas populares y mecanismos regionales de defensa común para impedir la agresión militar del imperialismo.

Reivindicar la Seguridad Social como un derecho humano fundamental de los y las trabajadores, quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión social sobre bases solidarias, universales y redistributivas. Los sistemas de capitalización individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social.

Promover la organización de los trabajadores de la salud con las comunidades, barrios y organizaciones de pacientes, transgrediendo los límites de la función asistencial y articulando con otras áreas como educación, cuidado y preservación del medio ambiente, fortaleciendo el cambio de modelo hacia la promoción y prevención de la salud. Promover el uso racional de medicamentos y vacunas, y garantizar por parte de los países de la región, la cobertura de todos los tratamientos integrales de enfermedades como el VIH-SIDA, oncológicas y endémicas a los y las habitantes de la región.

Construir una toma de conciencia del sistema patriarcal imperante, desde lo individual hacia lo social, así como a transformar el lenguaje desde la perspectiva de género y luchar por la despenalización y legalización el aborto.

Reconocer que la violencia no es un problema personal sino social y que juntos, organizadamente lo podemos superar.

Luchar por la distribución equitativa del agua y tierra, priorizando su función social, y la Soberanía Alimentaria como derecho de los Pueblos a decidir qué y cómo producir y alimentarse.

Garantizar los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el campo y la permanencia y desarrollo de las y los jóvenes campesinos.

Considerar el acceso a la tierra urbana como derecho y no como mercancía. Asegurar la gestión democrática de la ciudad, promoviendo la participación de la sociedad en la formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.

Ratificar que el agua es un derecho humano esencial, tal la declaración de las Naciones Unidas. Acompañamos, en particular, la lucha del pueblo cordobés por lograr la estatización inmediata de Aguas Cordobesas, convirtiéndola en una empresa de saneamiento estatal, de gestión pública, con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores. Denunciamos la persistente actitud del gobernador de la provincia de mantener el modelo privatizador que ha fracasado de la mano del grupo Suez y su socio Benito Roggio, y denunciamos ante la comunidad internacional que continúa vigente la ley 9279 (diciembre de 2005) que intenta dar continuidad a la privatización, esta vez con el pulpo de Benito Roggio.

Construir poder desde las y los trabajadores y el Pueblo para empujar a los gobiernos nacionales a diseñar políticas de recuperación de nuestros recursos energéticos y naturales. Apoyar las distintas iniciativas tendientes a ese fin, incluyendo la campaña en Argentina para recoger un millón de firmas para la recuperación del petróleo. Potestad soberana de las naciones sobre el subsuelo. Por una integración energética latinoamericana a partir de empresas estatales en beneficio de los pueblos para avanzar en la independencia económica y política.

Bregar por la democratización de la sociedad en su conjunto, por la libertad y democracia sindical, la incorporación de mecanismos de participación popular en la designación de los magistrados y por la democratización de las relaciones laborales en la justicia. Ratificamos una vez más nuestro objetivo de construir una Justicia para todas y todos, y no una Justicia para el mercado.

Defender el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los y las habitantes y en todos los niveles, que contemple la diversidad cultural y los saberes ancestrales de todos los pueblos. La educación permanente debe ser considerada como eje para la formación de ciudadanos críticos, participativos en una lógica emancipadora. Reapropiarnos del conocimiento y de su producción, de la investigación científica y tecnológica, revirtiendo el proceso dependiente de transnacionalización de los mismos.

Impulsar la estrategia del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y de los Tratados Comerciales de los Pueblos (TCP), ya en marcha por los acuerdos entre Venezuela, Cuba y Bolivia.

Trabajar por la unidad de nuestros pueblos, que lejos de generar climas belicosos tienden a unirnos, siguiendo el camino de la segunda independencia que hemos recogido de Artigas, San Martín, Simón Bolívar y el Che.

Con estos compromisos nos convocamos a continuar fortaleciendo nuestras luchas de resistencia y la construcción popular de alternativas desde y para los Pueblos, en un nuevo encuentro en la Cumbre Social por la Integración en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en ocasión de la reunión de los Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Ciudad de Córdoba, Argentina, 20 de julio de 2006.-

XVI Conferencia Iberoamericana de Educación (Montevideo, Uruguay, 12 y 13 de julio de 2006)

Tomado de: http://www.oei.es/xvicie.htm

XVI Conferencia Iberoamericana de Educación
Montevideo, Uruguay, 12 y 13 de julio de 2006

Declaración de Montevideo

Las Ministras y los Ministros de Educación de Iberoamérica, reunidos en la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación

Considerando:

1.- Que, en la XV Cumbre Iberoamericana, los Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), instruyeron “a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a que con base en las experiencias en curso en la región presente a los Estados miembros un Plan Iberoamericano de Alfabetización, con objeto de poder declarar a la región iberoamericana territorio libre de analfabetismo entre 2008 y 2015”.

2.- Que la universalización de la alfabetización es una prioridad para nuestra Comunidad de Naciones y que asegurar una educación básica a las personas jóvenes y adultas, en nuestra región, garantizan el ejercicio de un derecho humano fundamental. Que tales acciones constituyen una estrategia clave para la superación de la pobreza y la desigualdad en Iberoamérica y, por ello, requisito para el necesario desarrollo político, social y económico de nuestros países.

3.- Que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la SEGIB han desarrollado durante este año un amplio trabajo de consultas y concertación con los Ministerios de Educación de los países iberoamericanos; proceso del que formó parte el I Encuentro Iberoamericano de Alfabetización (Caracas, Venezuela, 30 y 31 de marzo 2006) y que, como fruto de dicho trabajo, la SEGIB y la OEI están en condiciones de responder al mandato de la XV Cumbre Iberoamericana.

4.- Que para potenciar los efectos del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas es necesaria su coordinación con otras políticas iberoamericanas de apoyo a la escritura y la lectura, considerada esta última como “instrumento real para la inclusión social y un factor básico para el desarrollo social, cultural y económico de nuestros países” (Declaración de Santa Cruz de la Sierra) así como “instrumento fundamental para el mejoramiento de la educación” (Declaración de San José).

5.- Que el Plan Iberoamericano de Lectura -declarado Programa Cumbre por los Jefes de Estado y de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra, 2003- ha logrado resultados estimulantes: reposicionar la lectura dentro de las políticas públicas de nuestros países, animar la concepción y fortalecimiento de planes nacionales de lectura, promocionar investigaciones y estudios, apoyar experiencias y acciones que fomentan el libro y la lectura, convocando a entidades diversas para articular sus iniciativas y actividades.

6.- Que construir el conocimiento, comunicarse con los otros, acceder y moverse en la sociedad de la información exigen actualmente desarrollar una capacidad de lectura que trasciende las prácticas y los soportes tradicionales, incluyendo el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como una formación para su uso crítico, responsable y socialmente útil. Condición ésta indispensable para la construcción del EIC.

7.- Que la Declaración de la XV Cumbre Iberoamericana (Salamanca, 2005) señala el compromiso de “avanzar en la creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento orientado a la necesaria transformación de la educación superior y articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, condición necesaria para incrementar la productividad, brindando mejor calidad y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros pueblos así como la competitividad internacional de nuestra región.” En tal sentido, los Jefes de Estado y de Gobierno encargaron a la SEGIB el desarrollo –junto con la OEI y el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB)- de la necesaria concertación político-técnica para poner en marcha esta iniciativa.

8.- Que la SEGIB, la OEI y el CUIB, en el último año, han avanzado en el proceso de consultas y de concertación, y en la elaboración de un documento base de referencia en el cual se establecen, para la construcción del EIC, los principios de gradualidad, flexibilidad, priorización, articulación, calidad, corresponsabilidad, multilateralidad, complementariedad solidaria y beneficio mutuo.

9.- Que en los países existen diferentes condiciones y capacidades para generar y aplicar innovadoramente el conocimiento, por lo que la construcción y consolidación de un EIC requiere el fortalecimiento y la colaboración entre los sistemas multilaterales de cooperación, así como la interacción entre administraciones públicas, instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas para la generación, uso y transferencia de conocimientos,. Esto permitirá incrementar la productividad, la competitividad y avanzar en el desarrollo social de la región cerrando las brechas entre los países.

10.- Que la educación superior y la investigación, a la vez que aspiración y necesidad, son herramientas privilegiadas para impulsar procesos de integración entre los países, para la generación y transferencia de conocimiento relevante, local, regional y global, así como para la formación de profesionales con pertenencia y visión iberoamericanas.

11.- Que, entre las medidas concretas propuestas como estrategias para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina, se destaca que:“las inversiones en investigación y educación superior son necesarias para cambiar el crecimiento en la región basado en las materias primas, hacia el crecimiento basado en la innovación y el conocimiento, teniendo este un alcance más amplio y siendo más sostenible…”

12- Que, en la Declaración de Salamanca, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a animar al mayor número de acreedores bilaterales y multilaterales a la utilización del instrumento de conversión de deuda por inversión social, en especial por educación, con el objetivo de ampliar las inversiones que promuevan la inclusión social y de contribuir al alivio de la deuda externa en América Latina.

13.- Que el Programa Cumbre Televisión Educativa Iberoamericana(TEIB) -siguiendo las recomendaciones de la evaluación externa realizada así como las propuestas formuladas por su Consejo Directivo- requiere revisar y fortalecer su estructura y procedimientos a efectos de mejorar su impacto, visibilidad y sostenibilidad en su tarea de ofrecer la rica y diversa producción educativa y cultural iberoamericana a nuestras sociedades.

Acordamos:

1.- Manifestar nuestro convencimiento de que la universalización de la alfabetización y la educación básica para todos los jóvenes y adultos en Iberoamérica son objetivos posibles y necesarios, por lo que nos comprometemos, en el marco de políticas de Estado, a fortalecer planes nacionales en nuestros respectivos países.

2.- Elevar a la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno para su consideración y respaldo la propuesta del “Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas 2007- 2015”, elaborado por la OEI, junto con la SEGIB, en respuesta al mandato de la XV Cumbre Iberoamericana.

3.- Precisar que el objetivo del Plan es universalizar, en el menor tiempo posible, la alfabetización en la región y ofrecer a la población joven y adulta, que no ha completado su escolarización, la posibilidad de continuidad educativa, al menos hasta la finalización de la educación básica, en el marco de la educación para todos a lo largo de toda la vida. Ello mediante la coordinación y suma de esfuerzos nacionales, a partir de estrategias decididas soberanamente por cada país.

4.- Solicitar a la SEGIB y a la OEI que avancen en el desarrollo y concreción del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas, mediante la incorporación de las aportaciones efectuadas en esta Conferencia al documento base y la formulación del Plan Operativo 2007, el cual comprenderá al menos:

- las acciones ya en curso y a desarrollar por cada país;
- las acciones de asistencia y acompañamiento técnico de alcance regional a llevar a cabo en el 2007 y siguientes años;
- la valoración económica de las acciones previstas y su previsible financiación;
- la creación de un sistema de indicadores a efectos de realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo del plan, de experiencias y metodologías;
- la elaboración de un portafolio de experiencias y metodologías ya implementadas a efectos de su divulgación e intercambio.

5.- Solicitar a la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que 2007 sea declarado como “Año Iberoamericano de la Alfabetización”, en el marco de la puesta en marcha del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas y del Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización 2003-2012.

6.- Reafirmar nuestro apoyo a las iniciativas de fomento a la lectura y la escritura surgidas en los países de la región e impulsadas por la OEI y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) solicitándoles que incorporen a su programación las propuestas surgidas en esta Conferencia. Además elevamos a la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno la conveniencia desarrollar programas que tengan como meta que ninguna familia iberoamericana carezca de un paquete básico de libros en su hogar.

7.- Promover el acceso de todas las personas, especialmente de estudiantes y docentes, a las tecnologías de la información y la comunicación e impulsar acciones que promuevan su manejo competente, crítico y reflexivo, en concordancia con planes nacionales y regionales ya existentes.

8.- Avanzar en la estructuración progresiva del EIC como ámbito para promover la cooperación solidaria, la mejora continua y el aseguramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior, la investigación y la innovación como fundamento para el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad en la región.

9.- Potenciar los esfuerzos y acciones que nuestros gobiernos y redes regionales de instituciones de educación superior están desarrollando para la construcción de espacios comunes multilaterales, así como para la conformación de redes de cooperación e intercambio académico como un medio eficaz para la construcción del EIC.

10.- Solicitar a la SEGIB, la OEI y el CUIB, la constitución, a la mayor brevedad posible, de un foro de responsables nacionales de las políticas de educación superior que tenga como propósito la formulación de un plan estratégico -durante 2007- que contenga al menos un escenario deseable a 2015 del EIC y un conjunto de políticas, estrategias y prioridades para su puesta en práctica. Para ello es necesario:

- la constitución de un procedimiento estable de consulta y concertación que tenga en cuenta la diversidad y pluralidad de actores vinculados y que permita el desarrollo de las siguientes líneas de cooperación: la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; evaluación y acreditación de la calidad de instituciones y programas; formación de investigadores y redes de investigación sobre temas prioritarios; fortalecimiento de unidades de interfase universidad-sector productivo; apoyo a la creación de fondos nacionales de investigación; fomento de la innovación y de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad;

- la recopilación temática y análisis de buenas prácticas de las iniciativas en curso, con la finalidad de crear un mapa integrado de acciones y avanzar en su deseable articulación para contribuir al fortalecimiento de la pertinencia y de la calidad de la educación superior en la región;

- la elaboración de estudios, en áreas estratégicas, sobre las capacidades instaladas para generar y aplicar innovadoramente el conocimiento y derivar propuestas de acción para su fortalecimiento en el marco del EIC.

11.- Impulsar y fortalecer los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de programas e instituciones de educación superior y avanzar en el reconocimiento mutuo de dichos sistemas como elementos fundamentales para el desarrollo del EIC.

12.- Elevar a la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, como primera medida en la puesta en marcha del EIC, la solicitud de impulsar un Programa Cumbre de Cooperación en materia de movilidad académica de estudiantes, que se sustente en criterios básicos de pertinencia, calidad y multilateralidad y tome en cuenta los antecedentes que a este respecto se han venido desarrollando en la región.

13.- Reconocer al Gobierno de España por su solidaria iniciativa en la puesta en marcha de programas de canje de deuda por educación con diversos países de la región; y solicitar a la SEGIB que continúe las gestiones dirigidas a lograr que otros acreedores se incorporen a este proceso.

14.- Impulsar la activa participación de los Ministerios de Educación en los programas de canje de deuda por inversiones educativas y reconocer los avances alcanzados por los países que han desarrollado iniciativas de este tipo.

15.- Asegurar que, de acuerdo al mandato de Salamanca, todas las actuaciones de la cooperación iberoamericana integren de forma transversal la perspectiva indígena, afrodescendiente y el enfoque de género. En este contexto, alentaremos la cooperación sur-sur así como la realización de estudios sobre los saberes locales y las tecnologías tradicionales como parte integrante del EIC.

16.- Apoyar el proceso de refundación y renovación del TEIB -acordado en la XXIV Reunión de su Consejo directivo realizada en Córdoba, Argentina, los pasados días 5, 6 y 7 de junio- e impulsar la creación de un órgano de gestión del programa integrado por los Ministerios de Educación Iberoamericanos.

17.- Instruir al equipo gestor del Programa TEIB para que, considerando la importante experiencia desarrollada en el campo de la comunicación iberoamericana, la coproducción y la innovación tecnológica, trabaje en la convergencia hacia una televisión educativa y cultural que aproveche todas las sinergias generadas en estos campos y trate de incorporar y/o armonizar las diversas iniciativas.

18.- Agradecer a los organismos internacionales de cooperación el apoyo que vienen prestando al desarrollo de nuestros sistemas educativos; así como su participación sostenida en las Conferencias Iberoamericanas de Educación y, en especial, los esfuerzos realizados en el ámbito de la cooperación interagencial

19.- Agradecer, finalmente, la cálida acogida, cortesía y eficacia del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay y a la OEI por la exitosa organización de esta reunión, así como por su permanente labor a favor de la cooperación iberoamericana.

España: Ley reguladora de la gestión de la deuda externa (junio 2006)

Ley reguladora de la gestión de la deuda externa
26 de junio de 2006

ver el sitio web del Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (ODG)
http://www.debtwatch.org/documents/enprofunditat/Estat_espanyol/122-19%20ley%20pleno%20congreso.pdf

La ley se aprobó el pasado 22 de junio en el Pleno del Congreso con los votos favorables del PSOE, PP, CiU, PNB y CC, la abstención del Grupo Mixto y el voto contrario de ERC y de IU-ICV-EUiA. *En estos momentos la ley se encuentra en el Senado donde se pueden presentar enmiendas HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006.*

En relación al texto que llegaba al Pleno
http://www.debtwatch.org/documents/enprofunditat/Estat_espanyol/122-19_dictamen_2006_05_30_ODG.pdf

se ha añadido la *disposición transitoria segunda* en la que existe un compromiso para que: "En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno presente en la Cámara un plan para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda soberana de los Países Altamente Endeudados (HIPC) con origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda FAD de dichos países contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003, dentro del marco
de los acuerdos del Club de París".

Por lo que parece, como mucho se estaría hablando de cancelar entre 400 y 800 MEUR en los próximos años, de un total de 10.169 MEUR; es decir, de cancelar un 8% del total de la deuda (a saber: tan sólo en el 2004 el Estado español recobró 200 millones de EUR en reembolsos de créditos FAD y 265 MEUR más en recobros de CESCE). Para llegar a estos 1.200 MEUR haría falta que los 25 países 'beneficiados' por la iniciativa HIPC hayan 'aprobado' sus Planes de Crecimiento y Reducción de la Pobreza
(los nuevos Planes de Ajuste Estructural) por parte del FMI, cosa que todavía no ha sucedido. Es muy importante no olvidar que esta iniciativa está promovida por el BM y el FMI y que tiene unos altos costes sociales, económicos y medioambientales.

De hecho, hoy por hoy, sólo se podrían 'beneficiar' de esta enmienda un total de 14 países, sobre un total de 80!!! Y de entre estos 14 no figura cabeza de los 10 primeros acreedores al Estado español, los cuales concentran el 60% de la deuda española. Vaya, que la transaccional no es ninguna maravilla, sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno español puede cancelar si quiere, hoy mismo, toda la
deuda FAD, es decir, más del 50% de la deuda (un total de 5.250 millones de euros), sin más problema que el 'coste' económico que supondría dejar de cobrar este dinero. Hace falta tener en cuenta que el superávit fiscal al mes de mayo de 2006 es de más de 10.369 MEUR, más del total de la deuda de los 80 países, que es de 10.169 MEUR, por el que esta podría ser una fuente de posible restitución del no cobro (o de los 17.000 MEUR del gasto público militar, por decir otra partida).

Antoni Verger
Observatorio de la Deuda en la Globalizacion
Barcelona

Carta al Director, El País, Madrid, 29 junio 2006 - Deuda externa por educación

http://www.elpais.es/articulo/elpporopi/20060629elpepiopi_10/Tes/Deuda/exter

CARTAS AL DIRECTOR
Deuda externa por educación

EL PAÍS, Madrid - Opinión - 29-06-2006

El Gobierno español ha promovido canjes de deuda externa por educación como una manera de financiar el logro de las Metas del Milenio pactadas en Naciones Unidas el año 2000, que incluyen entre otras el acceso universal a la educación primaria. Sin embargo, parece que en realidad esta buena idea se ha trasladado a la promoción comercial de España que pone como condición a los países la compra de bienes y servicios españoles en el canje.

Esto no sólo encarece los bienes y servicios comprados por el país en desarrollo, que supuestamente se "beneficia" con dicho canje, sino que transforma el instrumento en uno de promoción comercial española, replicando de este modo el mecanismo utilizado en los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), que son los que dieron origen al instrumento canjeado.

Firman:

Oscar UGARTECHE
Investigador Titular, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM México
Miembro de LATINDAD, red latinoamericana de deuda, desarrollo y derechos

Rosa María Torres
Instituto Fronesis, Ecuador
Miembro de Jubileo 2000 Red Guayaquil y el Grupo de Trabajo sobre Deuda en el Ecuador
Moderadora de las redes virtuales Comunidad E-ducativa y Debateducacion

Rómulo Torres
Coordinador de la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos - Latindadd

Gail Hurley
Coordinadora de EURODAD, Red Europea de Deuda y Desarrollo

Iolanda Fresnillo
Coordinadora del Observatorio de la Deuda Global

Programa de Conversión de Deuda del Ecuador frente a España (marzo 2005)

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR FRENTE A ESPAÑA

El Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, a partir de la decisión del Gobierno español de promover las relaciones de cooperación hispano-ecuatorianas y de contribuir al desarrollo ecuatoriano, han acordado el presente programa de conversión de deuda de Ecuador frente a España.

1. Objeto y forma del Mecanismo de Conversión

1.1. El objeto del presente acuerdo es contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo social en Ecuador mediante la puesta en marcha de un Mecanismo de Conversión de la deuda que Ecuador tiene contraída frente a España, en proyectos de desarrollo, preferentemente, en las provincias más afectadas por el proceso migratorio, y en aquellas zonas de especial vulnerabilidad o pobreza.

1.2. Este Mecanismo consiste en la constitución de un "Fondo Ecuador-España" que el Gobierno de Ecuador dotará con el 100% del servicio de la deuda convertida. Los recursos ingresados en el "Fondo Ecuador-España" se dedicarán a la financiación de los proyectos señalados en el punto 1.1.

1.3. La deuda vinculada a este programa tiene su origen en préstamos otorgados por España con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y queda especificado, en cuanto a créditos y vencimientos, en el Anexo adjunto. El volumen de deuda objeto de la conversión será de hasta un monto máximo de 50 millones de dólares USA.

2. El Fondo Ecuador-España

2.1. El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador y el Ministerio de Economía y Hacienda de España acuerdan que España transfiera los derechos de cobro del servicio de la deuda citada en el apartado 1.3. al "Fondo Ecuador-España", cuyo funcionamiento se detalla en el apartado 2.2. En contrapartida, Ecuador transferirá al citado "Fondo Ecuador-España" el 100% de los vencimientos correspondientes al servicio de la deuda vinculada a este programa, según el calendario de pagos fijado en el anexo señalado.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador deberá informar puntualmente al Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) y a los miembros del Comité Binacional, de las transferencias efectuadas. Conforme se transfieran los recursos al "Fondo Ecuador-España", España condonará el importe íntegro del vencimiento correspondiente.

2.2. Los recursos del "Fondo Ecuador-España" serán ingresados en una cuenta en una entidad financiera acordada por ambas partes. El manejo financiero de los recursos del Fondo será establecido en el Reglamento que aprobará el Comité Binacional. Todo rendimiento financiero que genere el Fondo Ecuador-España, se sumará a su capital para financiación del programa.

2.3. El calendario de vencimientos podrá ser adelantado conforme a lo dispuesto en el apartado 4.4.

2.4. El ICO, como agente financiero responsable de la gestión de la deuda afectada, y el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador instrumentarán el procedimiento concreto que permita formalizar las acciones previstas en los puntos anteriores.

3. Utilización de los recursos convertidos. Proyectos financiados con cargo al programa de conversión.

3.1. Los recursos ingresados en el "Fondo Ecuador-España" serán utilizados para
financiar los proyectos recogidos en el apartado 1.1. que impliquen la participación de empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas, incluidas las ecuatorianas con participación española.

3.2. Los proyectos que se financien con los recursos del "Fondo Ecuador-España" deberán ser factibles en los ámbitos técnico, económico y social, y ser ejecutados por empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas con capacidad técnica y financiera comprobada.

3.3. Los proyectos financiados con cargo a este programa deberán incluir una señalización pública que indique que su ejecución se realizó con fondos originados por la conversión de deuda de titularidad española.

3.4. La financiación de los proyectos y los bienes y servicios importados al amparo
de este Programa no supondrá, en ningún caso, la financiación de derechos arancelarios, tributos y/o gravámenes. El Estado ecuatoriano será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias que puedan derivarse de la realización de estos proyectos.

3.5. Cuando de los proyectos financiados con cargo a este programa se deriven o se puedan derivar Unidades de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del protocolo de Kyoto, éstas corresponderán a España.

4. Dirección del Programa de Conversión. El Comité Binacional Ecuador-España.

4.1. Para la dirección del "Fondo Ecuador-España" se constituirá un "Comité Binacional Ecuador-España" (en adelante, "Comité Binacional"). El "Comité Binacional" estará integrado por dos representantes del Gobierno de Ecuador, un representante del Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Ecuador.

4.2. Las funciones del "Comité Binacional" serán:
- La definición de las políticas para la administración de los recursos del "Fondo Ecuador-España" y la adopción de cuantos acuerdos sean necesarios para una ejecución eficaz de sus objetivos.
- El establecimiento de las prioridades anuales de inversión y de desembolso del "Fondo Ecuador-España".
- La aprobación de los proyectos a financiarse con cargo al "Fondo Ecuador-España", de los informes de evaluación respectivos y de las auditorías independientes correspondientes.
- La evaluación del desempeño del Comité Técnico, al que se refiere el apartado 5 de este Programa, y recibir en su caso, sus informes y propuestas.
- Otras funciones que le sean asignadas por el Reglamento del Comité Binacional.

4.3. El "Comité Binacional" tomará sus decisiones por consenso

4.4. En el caso de que el cronograma de pagos de los proyectos aprobados exija un
adelanto de los desembolsos al Fondo Ecuador-España, el "Comité Binacional" podrá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador que se realicen desembolsos anticipados al Fondo Ecuador-España, siempre y cuando éstos no excedan el monto total anual presupuestado y correspondan al principal a amortizar.

4.5. Con objeto de cumplir sus funciones, el "Comité Binacional" se reunirá siempre
que resulte necesario y, como mínimo, dos veces al año.

4.6. En su sesión constitutiva, el "Comité Binacional" aprobará un reglamento que
detalle y concrete el funcionamiento del presente programa.

5. El Comité Técnico

5.1. Para coadyuvar a una adecuada selección y ejecución de los proyectos financiados con cargo a este programa, se creará un Comité Técnico (en adelante, "Comité Técnico"). El "Comité Técnico tendrá las funciones y composición que determine el Reglamento emitido por el Comité Binacional.

6. Procedimiento de selección y ejecución de proyectos.

6.1. Fase de presentación y selección de proyectos.
En esta fase, el "Comité Técnico" presentará al "Comité Binacional" un conjunto de proyectos que, por su idoneidad en la consecución de los objetivos del Programa, considere adecuados para ser financiados por el "Fondo Ecuador-España".
Lo anterior no impide que cualquiera de las partes del "Comité Binacional" pueda igualmente presentar proyectos que considere adecuados a los objetivos del Programa.
Una vez seleccionados los proyectos serán presentados para aprobación al Comité Binacional.

6.2. Fase de selección del ejecutor y su adjudicación.
Una vez seleccionado un proyecto para su ejecución se seleccionará al ejecutor entre empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas, o ecuatorianas con participación española. Esta selección se regirá por los principios de publicidad, transparencia y competencia.

6.3. Fase de ejecución de proyectos.
En esta fase, el "Comité Binacional", asistido por el "Comité Técnico", deberá velar por la correcta gestión de los recursos convertidos así como supervisar la ejecución de los proyectos.

6.4. Fase de seguimiento y evaluación de proyectos.
Anualmente, se realizará con cargo al "Fondo Ecuador-España" una auditoría independiente, que fiscalizará que los desembolsos realizados se corresponden con lo acordado por el Comité. Las conclusiones de la auditoría serán presentadas al "Comité Binacional" para su estudio y para la adopción de las medidas oportunas.
Finalizada la ejecución de cada uno de los proyectos, el "Comité Técnico" presentará al "Comité Binacional" informes de gestión y evaluación de resultados.

7. Gastos financiables con cargo al Programa.

7.1. Adicionalmente a la financiación de los proyectos, se financiará con cargo al
Programa:
- Los servicios que el "Comité Técnico" requiera para el cumplimiento de sus funciones, entendiéndose por tales todas aquellas tareas que el Reglamento les asigne en relación a los procesos de selección, ejecución y evaluación de los proyectos que se financien.
- La contratación de los servicios de auditoría
- La contratación de los informes y cualquier otro servicio que decida el "Comité Binacional"

7.2. El importe de los gastos relacionados con estos servicios adicionales a la
financiación de proyectos no podrá superar el 4% de los recursos del Programa.

8. Vigencia del Programa de Conversión.

8.1. El presente Programa entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de 4 años para liquidar el servicio de la deuda contemplado en el anexo.

8.2. En el caso de que Ecuador incumpla total o parcialmente sus obligaciones de pago bajo este programa de conversión produciéndose demoras en sus desembolsos al "Fondo Ecuador-España" superiores a los tres meses, los proyectos previamente aprobados y/o en ejecución, se darán por finalizados por falta de financiación apropiada o serán financiados por las autoridades ecuatorianas. Igualmente, en este supuesto España no hará, bajo ninguna circunstancia, pagos compensatorios de sus propios recursos financieros. El Mecanismo de Conversión quedará anulado a partir de ese momento de manera que Ecuador deberá asumir sus obligaciones de pago frente a España, incluyendo los intereses de demora que hayan podido generarse.

En Quito, a catorce de marzo de 2005

Por el Gobierno de España
Pedro Solbes Mira
Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda

Por el Gobierno de Ecuador
Mauricio Yépez
Ministro de Economía
y Finanzas

Canje de Deuda Externa por Educación, ¿Soberanía o Sometimiento?, por Ana T. Lorenzo (enero 2006)

¿Soberanía o Sometimiento?
Canje de Deuda Externa por Educación

Por Ana T. Lorenzo
Publicado digitalmente: 26 de junio de 2006

El siguiente texto ha sido redactado por Ana T. Lorenzo para Diálogo 2000-Argentina, Jubileo Sur y MoPPaSol para ser presentado ante el VI Foro Social Mundial (Caracas, Venezuela, 24-29 de enero de 2006).

A los participantes del VI Foro Social Mundial
A las Organizaciones Sociales y Políticas

“Una misma estrategia ha desarrollado la banca internacional que, a fines de la década del setenta, se encontró con una inusitada masa de petrodólares que exigían su colocación acelerada. Los prestamistas del mundo se vieron forzados a grandes y urgentes inversiones para evitar una crisis del sistema. La deuda externa de los países que “absorbieron” esos dólares no es, entonces, el producto de inversiones que capitalizan, sino de especulaciones que empobrecen. Porque las estructuras políticas que los tomaron no los volcaron al desarrollo de sus pueblos, sino al negocio financiero que enriquece a los traficantes.
Esa deuda es, pues, el denominador común de la desgracia de América Latina y de otros pueblos que, en la geografía del hambre y del atraso, se debaten en los conflictos generados por la miseria y la injusticia. Pero si es el denominador común de nuestra debilidad, esa deuda externa es -también—el denominador común de una fuerza a movilizar contra un sistema de especulación y de chantaje. (...) Ello implica no aceptar, como legítimas, las operaciones concertadas con beneficio para quienes las instrumentaron pero en perjuicio de los pueblos que las afrontan y tampoco ceder a la presión de quienes demandan el cumplimiento de la deuda, mientras bloquean las posibilidades de trabajo y producción para pagarla.”

Alejandro Olmos: La deuda externa, 3ª. Edición, Buenos Aires, Editorial de los Argentinos, 1995.


Desde hace dos años, se propone en ámbitos internacionales negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa de los países por inversiones en educación. Los objetivos explícitos de tal operación serían el incremento de los recursos económicos para la educación y el alivio de la deuda externa; objetivos loables teóricamente pero que esconden las perniciosas consecuencias que ocasionaría a los países deudores tal canje.

Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se señala la escasez de recursos para la educación, se oculta que dicha escasez se debe, precisamente, al pago de los servicios de la deuda que crecen con el aumento de los intereses exigido unilateralmente por los acreedores. Desde la década del noventa, dicho pago ha sido superior a la inversión educativa total de cada país afectado, considerando la incidencia respectiva en el PBI; las únicas excepciones son Costa Rica y Guinea Ecuatorial, en que se equiparan ambos indicadores. En Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador, la porción del PBI destinado al pago de la deuda triplica el correspondiente a educación; en Brasil y Colombia, lo duplica (PNUD: Informe de Desarrollo Humano, 2004). Dicho pago consume, asimismo, gran parte de las exportaciones y de los recursos fiscales anuales.

Como ha ocurrido con otros mecanismos propuestos para “aliviar” el peso de la deuda, éstas son iniciativas de los acreedores y no de los deudores, lo cual ya las identifica como de interés financiero, económico y político y no como gestos de generosidad.

Otros canjes de deuda

La experiencia de las últimas dos décadas demuestra cómo otros canjes no sólo no han reducido la deuda sino que han generado nuevos condicionamientos a los deudores.

Deuda por inversiones. A partir de 1983, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos de los acreedores, generaron la existencia del mercado secundario de bonos de deuda externa al venderlos a inversionistas privados. Desde 1985, estos inversionistas compraron esos bonos a un precio muy inferior con los que se adueñaron de empresas públicas de los países deudores.
El ejemplo más dramático es Argentina, donde los inversionistas —generalmente, empresas nacionales de los países centrales— adquirieron bonos a un 20% de su valor —y aún a cifras muchísimo menores— y luego los canjearon en los noventa ante el gobierno de entonces quien los reconoció a su valor nominal. Con ellos compraron las empresas nacionales y se privatizaron los servicios públicos, constituyendo un brillante negocio para los inversores y una formidable estafa para el fisco.

Iniciativa PPME/HIPC (Países Pobres Muy Endeudados/High Indebted Poor Countries). En 1996, el FMI y el BM establecen este programa de reducción y/o condonación parcial o total de deuda para países muy pobres con mucha deuda. Se considera tales a los que tienen un ingreso per cápita inferior a U$A 925. - y en los que la relación entre deuda y exportaciones es ampliamente negativa. Sin embargo, para acceder a tal programa, se requiere el cumplimiento previo, durante varios años, de las políticas económicas ortodoxas del FMI (ajuste fiscal, desregulación, libre importación, garantía de inversiones extranjeras, etc.) y someterse a supervisiones posteriores a la condonación, también durante varios años, con las consiguientes consecuencias sociales de tales políticas. Hasta 2002, había 42 países calificando —de América Latina, sólo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana— y sólo 7 estaban culminado su calificación —entre ellos, Bolivia—.

Deuda por ayuda al desarrollo. Se trata de deudas bilaterales entre países (9 casos conocidos), en los que un país acreedor (Suiza, Alemania, Francia, España) resuelve canjear parte de su deuda a un país deudor (Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Bulgaria, Jordania) a cambio de que este último, en vez de girar el pago, invierta un porcentaje acordado en inversiones en desarrollo también pautadas bilateralmente.

Usualmente, una de las exigencias del país acreedor es que tales inversiones las ejecute una ONG propia y, a veces, también se exige como contrapartida garantías para la radicación de empresas del país acreedor (España). Se trata, en general, de montos ínfimos, se invierte en proyectos muy pequeños y se gasta gran parte del monto en el financiamiento de los funcionarios, asesores e insumos de la ONG a cargo.
Por ejemplo:
a) Alemania-Bolivia (2000), ayuda para pobreza y riego, U$A 38 millones;
b) España-República Dominicana (1999), reconstrucción de la infraestructura destruida por el Huracán George, U$A 2,8 millones.

Deuda por naturaleza. También ha implicado a deudas bilaterales (3 casos conocidos), con un mecanismo muy similar al anterior. En este caso, es una ONG del país acreedor (EEUU, España, Francia) la que presenta un proyecto medioambiental al país deudor (Argentina, Costa Rica, Indonesia) y éste deposita el monto acordado de la deuda; en otros casos, la ONG adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para desarrollar el proyecto. También son montos ínfimos y suele ocurrir que el precio de los bonos aumenta (Indonesia) al haber demanda y, por lo tanto, aumenta la deuda total; también ha ocurrido que los países acreedores reducen el plazo para el pago de la deuda íntegra.

Deuda por educación. Antecedentes

Ya en La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Ediciones UNESCO, Compendio, 1996), más conocido como Informe Delors, se expresa: “Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficits internos y externos”. (Cap. 9, pág. 39).

También el Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000), en el documento Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, señala: “Se estima que la realización de los objetivos de la educación para todos costará unos 8.000 millones de dólares anuales, lo cual exigirá un apoyo financiero complementario por parte de los países, así como una mayor asistencia al desarrollo y una reducción de la deuda por parte de los donantes bilaterales y multilaterales”. (Punto 21, pág. 7).

En el Comentario detallado del Marco de Acción de Dakar, preparado por el Comité de Redacción del Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; París, Francia, 23 de mayo de 2000), se afirma: “Debe darse gran prioridad a aliviar la deuda más deprisa, más a fondo y con mayor amplitud o a cancelarla, con miras a atenuar la pobreza, adquiriendo un compromiso firme con la educación básica”. (Punto 49, pág. 14).

Se advierte en estas declaraciones la estrecha relación entre el agobio de la deuda y las necesidades educativas; pero se convoca a su reducción o cancelación, sin condicionamientos.

Es recién en el documento Educación para todos en las Américas, Marco de Acción Regional (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Santo Domingo, 10-12 de febrero de 2001), suscripto por los países de América Latina, el Caribe y América del Norte, donde se explicita: “Los países se comprometen a: (...) Buscar de manera más extensa mecanismos alternativos de financiamiento de la educación, tales como condonación y canje de deuda externa”. (Punto 7, pág. 7).

Simultáneamente, en el contexto de las sucesivas rondas promovidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre el comercio mundial para establecer el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios), la educación es concebida como un servicio comercial y, por lo tanto, susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Innumerables voces internacionales se han levantado contra esta postura que relega la noción ampliamente compartida de concebir a la educación como un derecho social.

Cumbres de las Américas

En diciembre de 1994 se realiza en Miami, Estados Unidos, la I Cumbre de las Américas, en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos). Realizada por iniciativa de Estados Unidos, asisten todos los presidentes de los países de América, excepto Cuba, que no fue invitada por estar suspendida como miembro de la OEA desde la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo (Punta del Este, Uruguay, enero de 1962). En un proceso claramente determinado por los intereses estadounidenses, se propone la creación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) que, en su capítulo referido a servicios, también incluye a la educación. Por lo tanto, se la considera un servicio comercializable y que requiere un mercado libre, por lo que se permitiría la radicación de inversiones educativas con total apertura y libre circulación en todos los países signatarios. Es posible que la educación esté incluida en la recomendación de que los Estados deberán abstenerse de brindar servicios que entren en competencia desleal con los demás servicios, bienes y capitales que circulen libremente.

En el marco de estas Cumbres de las Américas (I: Miami, Estados Unidos, diciembre de 1994; II: Santiago, Chile, abril de 1998; III: Québec, Canadá, abril de 2001; Extraordinaria: Monterrey, México, enero de 2004; y IV: Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2005), la Secretaría General de la OEA crea, en 1996, la UDSE (Unidad de Desarrollo Social y Educación), responsable del seguimiento de los mandatos de las cumbres vinculados con la educación y la pobreza e impulsora de políticas en tal sentido. Con la cooperación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), promueve cuatro Reuniones de Ministros de Educación de los países miembros (Mérida, México, 1998; Punta del Este, Uruguay, 2001; México D.F., México, 2003; y Scarborough, Trinidad y Tobago, 2005).

Previamente a la penúltima reunión de Ministros mencionada, la UDSE convoca a un encuentro denominado La participación de la sociedad civil en la educación (Bogotá, Colombia, 28 y 29 de julio de 2003). En él participan dieciséis organizaciones sociales vinculadas a la educación, cifra exigua comparada con las que existen en todo el continente. Se aprobó una Declaración a ser presentada a los Ministros de Educación que expresa: “... En vista de las repercusiones que el ALCA puede tener en la educación de los países y en las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema, sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas, llevar a cabo un estudio serio de este punto, que permita formular propuestas que favorezcan la educación de los niños, las niñas y los jóvenes del continente. (...) Sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas elaborar una propuesta conjunta para ser presentada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en noviembre próximo, para que el Fondo Monetario Internacional condone una parte de la deuda externa y la destine a la inversión en la ampliación del acceso y el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación de los países de América Latina y el Caribe”. Es ésta la primera referencia explícita al canje de deuda externa por educación.

Presentada dicha Declaración ante la III Reunión de Ministros de Educación de la OEA (México D.F., México, 11-13 de agosto de 2003), a la cual asiste por primera vez un representante de Estados Unidos, la propuesta de canjear deuda externa por educación elaborada por la UDSE genera largas discusiones oficiales y extraoficiales. Es tomada y defendida por el Ministro de Argentina acompañado por sus pares de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, en la declaración formal del encuentro, aparece sólo una tibia referencia al tema: “... 7 .Consideramos conveniente explorar la posibilidad de canje de deuda por educación.”, como así también: “... Instamos a los Organismos Financieros Internacionales y a las naciones con mayores niveles de desarrollo a responder a los compromisos (...) mediante la creación de un Fondo Multilateral para la educación que permita no sólo apoyar a las naciones más vulnerables sino estimular a los países que están avanzando en el cumplimiento de las metas del milenio. 8. Presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno (...) la propuesta de un Fondo Multilateral, alianza entre el sector público y privado, para apoyar la educación”.

Informaciones periodísticas señalaban que “la aspiración latente apunta a que se logre una reducción de los intereses que oscile entre un 3 y un 5% de la deuda que el país debe pagar anualmente...” y “... Queda bien en claro que no se aplicarían al pago de sueldos y se emplearían para mejorar la calidad de la educación y su universalización...” (Diario La Nación, 6 de setiembre de 2003).

A partir de esta reunión, la propuesta tiene amplia difusión por la prensa.

Sin embargo, es recién en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, 4 y 5 de diciembre de 2005) —en la que los países del MERCOSUR y Venezuela pusieron serias reservas a la continuidad del ALCA— que el tema aparece en una declaración de presidentes en este ámbito de la OEA.

Dice la Declaración de Mar del Plata: “43. Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los ministros de Educación para que nuestros gobiernos exploren, con las instituciones financieras internacionales, otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación”.

Cumbres Iberoamericanas

Con anterioridad a las Cumbres de las Américas convocadas por la OEA e inspiradas claramente por Estados Unidos, se venían desarrollando las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Éstas fueron promovidas inicialmente por España y México y convocan a los mandatarios de los países hispano-luso hablantes, incluida Cuba, con España, Portugal y Andorra, para crear la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se realizan anualmente en cada país miembro (I: Guadalajara, México, 1991; II: Sevilla, España, 1992; III: Bahía, Brasil, 1993; IV: Bariloche, Argentina, 1994; y así sucesivamente hasta la XIII: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003; XIV: San José, Costa Rica, 2004; y XV: Salamanca, España, 2005).

En este ámbito, se recrea la preexistente OEI (Oficina de Educación Iberoamericana) y se transforma en OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este organismo convoca, también anualmente y previa a cada Cumbre de Presidentes, a las Conferencias Iberoamericanas de Educación, con los ministros del área de cada país miembro. En la XIII Conferencia (Tarija, Bolivia, 3 y 4 de setiembre de 2003), realizada un mes después que la de la OEA, vuelve a plantearse el canje de deuda por educación. En la Declaración de Tarija se expresa:
“... Reafirmamos que para garantizar la equidad, calidad y pertinencia de la educación que se imparte en todos los niveles educativos iberoamericanos, es necesario aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión en educación y proteger la ya efectuada en programas educativos con el fin de asegurar su sostenimiento y profundización. A tales efectos, solicitamos a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que analice mecanismos que permitan la conversión de un porcentaje a determinar de los servicios de la deuda por inversión en educación...” El tema es tomado por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 y 15 de noviembre de 2003), la que declaró lo siguiente: “32. Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objetivo de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea el interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y, a la vez, aumentar la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo”.

Un año después, en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (San José, Costa Rica, octubre de 2004), se volvió a considerar la propuesta y se declaró: “...continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países”.

En la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre de 2004), denominada precisamente Educar para progresar, el tema se expresó en la Declaración Final con mayor amplitud: “22. Nos comprometemos a promover en los distintos foros multilaterales el examen y la adopción de mecanismos financieros innovadores; inclusive, la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países u otras iniciativas que permitan gestionar recursos financieros que constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación. 23. Estos recursos deben invertirse según las necesidades concretas de nuestros países en programas que fortalezcan los sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajaos niveles de escolarización, las personas con discapacidad, así como proyectos que fortalezcan la enseñanza secundaria. 24. Estos fondos serán objeto de un manejo transparente y de una eficiente administración mediante mecanismos efectivos de control, de prevención y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los resultados obtenidos”.

En la XV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (Toledo, España, 13 y 14 de julio de 2005) se propugna un acuerdo bilateral. Se propone a los mandatarios que impulsen un Pacto Iberoamericano por la Educación que permita encontrar nuevos mecanismos para financiar la educación; entre ellos, el canje de deuda por inversiones en educación. En este caso, cada Estado Iberoamericano que mantenga una deuda con el Estado Español tendrá que realizar un acuerdo bilateral y presentar un proyecto educacional para que, en lugar de pagar y girar a España parte de su deuda, invierta esa suma acordada en un programa que fortalezca su sistema educativo. Dice la Declaración de Toledo que “los nuevos fondos obtenidos por el canje de deuda deberán apoyarse en una administración transparente y eficiente y en el seguimiento de los nuevos proyectos educativos teniendo en cuenta a la sociedad civil”.

En la misma reunión, se confirma el anuncio ya difundido de la condonación, por parte de España, de aproximadamente el 8% de la deuda que Argentina mantiene de U$A 1100 millones, lo que significarían U$A 78 millones. El Ministro argentino señaló que dicho monto será aplicado al Programa Nacional de Becas Estudiantiles.

La XV Cumbre Iberoamericana volvió a tocar el tema y produjo un Comunicado especial sobre conversión de deuda por inversión educativa que no agrega ningún concepto novedoso a los ya declarados en cumbres anteriores.

Como se observa, hasta ahora sólo se han producido expresiones de deseos —excepto, quizá, con España— sin que se hayan propuesto negociaciones concretas ni mecanismos específicos para concretar ese canje.

La UNESCO

En la 32ª. Conferencia General de la UNESCO (París, Francia, 21-25 de setiembre de 2003), el Ministro de Educación de Argentina solicita en su discurso “que la UNESCO encabece el trabajo para desarrollar mecanismos de trueque de deuda por educación(...). Se trata de sumar nuevos fondos que, con la participación de instituciones como UNESCO y UNICEF y de organizaciones locales de la comunidad, sean utilizados con transparencia y eficiencia...”. (Discurso, en Diario Clarín, 13 de octubre de 2003).

¿Desendeudamiento?

En diciembre último, Brasil y Argentina anunciaron el pago total de la deuda mantenida con el Fondo Monetario Internacional, medida que se publicitó como desendeudamiento. Una visión ingenua supondría que, entonces, ya no hay nada que canjear y, por lo tanto, quedaría anulado el canje de deuda por educación.

Sin embargo, el FMI es sólo uno de los acreedores. En el caso argentino, según el Diario Clarín (31 de diciembre de 2005), además de los bonistas privados y los bilaterales, se mantiene la deuda con el Banco Mundial (U$A 6837 millones) y con el BID (U$A 8507 millones), entre otros, por lo que la deuda total es de U$A 124.332 millones. Sin embargo, otros especialistas indican que esa cifra supera actualmente los U$A 135.000 millones.

De mantenerse la idea de canjear deuda por educación con el BID y el BM, se produciría otra insólita paradoja: se estaría canjeando una deuda que, en parte —y sin que se conozcan las cifras— se contrajo por la suscripción de préstamos para educación con ambos organismos y que significaron el financiamiento de proyectos y programas de asesorías para implementar las llamadas reformas educativas de tan dramáticas consecuencias. Esos préstamos se invirtieron en la contratación de expertos y asesores y en la compra de insumos y publicidad. Pero, fundamentalmente, impulsaron las concepciones del neoliberalismo educativo difundidas en todos los países. Resulta casi obvio señalar que estos organismos sólo aceptarían negociar algún canje condicionando las políticas educativas de los países deudores en la misma direccionalidad que ya lo venían haciendo.

La crítica

La difusión pública de esta propuesta generó importantes debates y sólidos cuestionamientos, a pesar de su lento avance concreto. Entre muchos otros, esas críticas fueron expresadas en tres documentos.

Carta Abierta al Presidente de la Nación y al Ministro de Educación. Canje de deuda externa por educación y conocimiento: ¿propuesta soberana o de la banca mundial? (Buenos Aires, Argentina, 5 de noviembre de 2003). Promovida por un grupo de pedagogos argentinos, en una semana recibió el apoyo de 1027 firmas de investigadores de la educación, docentes, personalidades de distintos ámbitos y de organizaciones gremiales del sector. Entre otros conceptos, solicitaba: “... se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a los países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso; destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años”.

Canje de deuda externa por educación . Diálogo 2000-Argentina, MoPaSSol y otros (Buenos Aires, Argentina, 17 de noviembre de 2003). Entre otras reflexiones, señalaba: “La propuesta de canje de deuda por educación adelantaría la aplicación del capítulo de inversiones del ALCA en nuestro país, en todo el continente y aún en el resto de los países endeudados de la periferia mundial. (...) Estos discursos pueden crear expectativas en sectores preocupados por las carencias del presupuesto destinado a la educación. Pero hay que decir que tales propuestas no responden a los verdaderos intereses del pueblo y la nación. Son consignas engañosas como lo fueron otras conocidas anteriormente”.

Carta Abierta a los Jefes de Estado presentes en la XIV Cumbre Iberoamericana “Educar para Progresar” (San José, Costa Rica, 18 de noviembre de 2004). Promovida por el Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, fue remitida a los participantes de la mencionada cumbre y recibió la adhesión de numerosos pedagogos de América Latina y el Caribe. Entre otras consideraciones, reclamaba: “Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa en el que, luego de una auditoría integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna”.

Pertinencia y actualidad de la crítica

Las ideas expresadas en los textos mencionados conservan plenamente su vigencia. Por lo tanto, retomando gran parte de lo en ellos expuesto, es necesario insistir en que canjear deuda externa por educación y conocimiento significa:

reconocer la legitimidad de la deuda, la que está inapelablemente cuestionada no sólo por el reclamo de los pueblos sino por investigaciones económicas fundamentadas;

renunciar a la denuncia de su carácter fraudulento, tal cual fue establecido en Argentina por la sentencia (13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;

abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido pagando y que, en realidad, los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países sobreendeudados;

posibilitar la injerencia de los organismos internaciones de crédito en la decisión de las políticas educativas nacionales, ya que es ingenuo suponer que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a los países desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana;

continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa que, ensayadas en el Chile de Pinochet, se impusieron en América Latina en la década del noventa por la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial —uno de los acreedores— y que pretendieron introducir mecanismos de mercado en los sistemas educativos públicos;

aceptar la idea —que no es nueva— de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados “países en vías de desarrollo”;

prolongar la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte de los ministerios de educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa y que se gastaron fundamentalmente en suculentos sueldos de técnicos, asesores, publicaciones, cursos y publicidad, desatendiendo las necesidades educativas concretas de los pueblos;

mantener los dramáticos efectos —de los que son corresponsables tales programas y proyectos— que tales políticas tuvieron en los países latinoamericanos que, lejos de resolver las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales, las agudizaron y crearon nuevas: la escuela pública sólo para los más pobres, la pérdida de su función educadora, la desestructuración de los sistemas, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre regiones y sectores sociales, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por niños y jóvenes, la desatención de la educación de adultos, la ausencia de contenidos nacionales y latinoamericanos, el abandono de orientaciones relevantes para cada país, etc.;

reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de excelente negocio para los inversores que significó el canje de deuda por inversiones;

desconocer los resultados perversos que ha tenido el canje de deuda por desarrollo, en el que los países son sometidos al monitoreo del cumplimiento de las recetas económicas ortodoxas del FMI, aún cuando los fondos se destinaran a “ayuda para la pobreza”;

desechar la experiencia del canje de deuda por naturaleza, posibilitando la actuación de las ONGs de los países acreedores;

insistir, de aplicarse un modelo similar, en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo y de sus problemas, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs de supuesto prestigio introducidas en las escuelas y desde las cuales se contratan expertos y se compran insumos —en especial, tecnológico-dependientes (computadoras)— y materiales;

ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos (2003), este país ejercerá en ella su indudable influencia;

no reparar en que, aunque sea la OEI quien supervise dicho canje, ésta no ha escapado a la influencia de las concepciones del neoliberalismo educativo en boga;

olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico-tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente superó ampliamente el presupuesto educativo total de cada uno de los países deudores;

postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de fondos especiales educativos con asignaciones específicas y prolongadas en el tiempo.
--------------------------------------------------------------------------------
Tomando en cuenta las informaciones y consideraciones precedentes,
INVITAMOS a las personas y a las organizaciones sociales y políticas participantes del VI Foro Social Mundial a debatir y profundizar estas ideas y a difundir entre los pueblos las previsibles consecuencias negativas que traerá para la educación popular la propuesta de canjear deuda externa por educación.

Buenos Aires, 17 de enero de 2006.

Observación: Este trabajo es el resultado de encuentros y consultas realizados por iniciativa de Diálogo 2000 de Argentina / Jubileo Sur. La redacción final estuvo a cargo de la profesora Ana T. Lorenzo.

Contactos:
noalcanje@yahoo.com.ar
Diálogo 2000 / Jubileo Sur: dialogo@wamani.apc.org
MoPaSSol: rinaber@datamarkets.com.ar