¿Soberanía o Sometimiento?
Canje de Deuda Externa por Educación
Por Ana T. Lorenzo
Publicado digitalmente: 26 de junio de 2006
El siguiente texto ha sido redactado por Ana T. Lorenzo para Diálogo 2000-Argentina, Jubileo Sur y MoPPaSol para ser presentado ante el VI Foro Social Mundial (Caracas, Venezuela, 24-29 de enero de 2006).
A los participantes del VI Foro Social Mundial
A las Organizaciones Sociales y Políticas
“Una misma estrategia ha desarrollado la banca internacional que, a fines de la década del setenta, se encontró con una inusitada masa de petrodólares que exigían su colocación acelerada. Los prestamistas del mundo se vieron forzados a grandes y urgentes inversiones para evitar una crisis del sistema. La deuda externa de los países que “absorbieron” esos dólares no es, entonces, el producto de inversiones que capitalizan, sino de especulaciones que empobrecen. Porque las estructuras políticas que los tomaron no los volcaron al desarrollo de sus pueblos, sino al negocio financiero que enriquece a los traficantes.
Esa deuda es, pues, el denominador común de la desgracia de América Latina y de otros pueblos que, en la geografía del hambre y del atraso, se debaten en los conflictos generados por la miseria y la injusticia. Pero si es el denominador común de nuestra debilidad, esa deuda externa es -también—el denominador común de una fuerza a movilizar contra un sistema de especulación y de chantaje. (...) Ello implica no aceptar, como legítimas, las operaciones concertadas con beneficio para quienes las instrumentaron pero en perjuicio de los pueblos que las afrontan y tampoco ceder a la presión de quienes demandan el cumplimiento de la deuda, mientras bloquean las posibilidades de trabajo y producción para pagarla.”
Alejandro Olmos: La deuda externa, 3ª. Edición, Buenos Aires, Editorial de los Argentinos, 1995.
Desde hace dos años, se propone en ámbitos internacionales negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa de los países por inversiones en educación. Los objetivos explícitos de tal operación serían el incremento de los recursos económicos para la educación y el alivio de la deuda externa; objetivos loables teóricamente pero que esconden las perniciosas consecuencias que ocasionaría a los países deudores tal canje.
Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se señala la escasez de recursos para la educación, se oculta que dicha escasez se debe, precisamente, al pago de los servicios de la deuda que crecen con el aumento de los intereses exigido unilateralmente por los acreedores. Desde la década del noventa, dicho pago ha sido superior a la inversión educativa total de cada país afectado, considerando la incidencia respectiva en el PBI; las únicas excepciones son Costa Rica y Guinea Ecuatorial, en que se equiparan ambos indicadores. En Panamá, Chile, Uruguay y Ecuador, la porción del PBI destinado al pago de la deuda triplica el correspondiente a educación; en Brasil y Colombia, lo duplica (PNUD: Informe de Desarrollo Humano, 2004). Dicho pago consume, asimismo, gran parte de las exportaciones y de los recursos fiscales anuales.
Como ha ocurrido con otros mecanismos propuestos para “aliviar” el peso de la deuda, éstas son iniciativas de los acreedores y no de los deudores, lo cual ya las identifica como de interés financiero, económico y político y no como gestos de generosidad.
Otros canjes de deuda
La experiencia de las últimas dos décadas demuestra cómo otros canjes no sólo no han reducido la deuda sino que han generado nuevos condicionamientos a los deudores.
Deuda por inversiones. A partir de 1983, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos de los acreedores, generaron la existencia del mercado secundario de bonos de deuda externa al venderlos a inversionistas privados. Desde 1985, estos inversionistas compraron esos bonos a un precio muy inferior con los que se adueñaron de empresas públicas de los países deudores.
El ejemplo más dramático es Argentina, donde los inversionistas —generalmente, empresas nacionales de los países centrales— adquirieron bonos a un 20% de su valor —y aún a cifras muchísimo menores— y luego los canjearon en los noventa ante el gobierno de entonces quien los reconoció a su valor nominal. Con ellos compraron las empresas nacionales y se privatizaron los servicios públicos, constituyendo un brillante negocio para los inversores y una formidable estafa para el fisco.
Iniciativa PPME/HIPC (Países Pobres Muy Endeudados/High Indebted Poor Countries). En 1996, el FMI y el BM establecen este programa de reducción y/o condonación parcial o total de deuda para países muy pobres con mucha deuda. Se considera tales a los que tienen un ingreso per cápita inferior a U$A 925. - y en los que la relación entre deuda y exportaciones es ampliamente negativa. Sin embargo, para acceder a tal programa, se requiere el cumplimiento previo, durante varios años, de las políticas económicas ortodoxas del FMI (ajuste fiscal, desregulación, libre importación, garantía de inversiones extranjeras, etc.) y someterse a supervisiones posteriores a la condonación, también durante varios años, con las consiguientes consecuencias sociales de tales políticas. Hasta 2002, había 42 países calificando —de América Latina, sólo Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana— y sólo 7 estaban culminado su calificación —entre ellos, Bolivia—.
Deuda por ayuda al desarrollo. Se trata de deudas bilaterales entre países (9 casos conocidos), en los que un país acreedor (Suiza, Alemania, Francia, España) resuelve canjear parte de su deuda a un país deudor (Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Bulgaria, Jordania) a cambio de que este último, en vez de girar el pago, invierta un porcentaje acordado en inversiones en desarrollo también pautadas bilateralmente.
Usualmente, una de las exigencias del país acreedor es que tales inversiones las ejecute una ONG propia y, a veces, también se exige como contrapartida garantías para la radicación de empresas del país acreedor (España). Se trata, en general, de montos ínfimos, se invierte en proyectos muy pequeños y se gasta gran parte del monto en el financiamiento de los funcionarios, asesores e insumos de la ONG a cargo.
Por ejemplo:
a) Alemania-Bolivia (2000), ayuda para pobreza y riego, U$A 38 millones;
b) España-República Dominicana (1999), reconstrucción de la infraestructura destruida por el Huracán George, U$A 2,8 millones.
Deuda por naturaleza. También ha implicado a deudas bilaterales (3 casos conocidos), con un mecanismo muy similar al anterior. En este caso, es una ONG del país acreedor (EEUU, España, Francia) la que presenta un proyecto medioambiental al país deudor (Argentina, Costa Rica, Indonesia) y éste deposita el monto acordado de la deuda; en otros casos, la ONG adquiere bonos de deuda en el mercado secundario y luego los canjea en el banco oficial al precio nominal para desarrollar el proyecto. También son montos ínfimos y suele ocurrir que el precio de los bonos aumenta (Indonesia) al haber demanda y, por lo tanto, aumenta la deuda total; también ha ocurrido que los países acreedores reducen el plazo para el pago de la deuda íntegra.
Deuda por educación. Antecedentes
Ya en La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Ediciones UNESCO, Compendio, 1996), más conocido como Informe Delors, se expresa: “Estimular la conversión de la deuda a fin de compensar los efectos negativos que tienen sobre los gastos de educación las políticas de ajuste y de reducción de los déficits internos y externos”. (Cap. 9, pág. 39).
También el Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000), en el documento Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, señala: “Se estima que la realización de los objetivos de la educación para todos costará unos 8.000 millones de dólares anuales, lo cual exigirá un apoyo financiero complementario por parte de los países, así como una mayor asistencia al desarrollo y una reducción de la deuda por parte de los donantes bilaterales y multilaterales”. (Punto 21, pág. 7).
En el Comentario detallado del Marco de Acción de Dakar, preparado por el Comité de Redacción del Foro Mundial de Educación (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; París, Francia, 23 de mayo de 2000), se afirma: “Debe darse gran prioridad a aliviar la deuda más deprisa, más a fondo y con mayor amplitud o a cancelarla, con miras a atenuar la pobreza, adquiriendo un compromiso firme con la educación básica”. (Punto 49, pág. 14).
Se advierte en estas declaraciones la estrecha relación entre el agobio de la deuda y las necesidades educativas; pero se convoca a su reducción o cancelación, sin condicionamientos.
Es recién en el documento Educación para todos en las Américas, Marco de Acción Regional (UNESCO, Banco Mundial, PNUD; Santo Domingo, 10-12 de febrero de 2001), suscripto por los países de América Latina, el Caribe y América del Norte, donde se explicita: “Los países se comprometen a: (...) Buscar de manera más extensa mecanismos alternativos de financiamiento de la educación, tales como condonación y canje de deuda externa”. (Punto 7, pág. 7).
Simultáneamente, en el contexto de las sucesivas rondas promovidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) sobre el comercio mundial para establecer el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios), la educación es concebida como un servicio comercial y, por lo tanto, susceptible de ser comprada y vendida en el mercado. Innumerables voces internacionales se han levantado contra esta postura que relega la noción ampliamente compartida de concebir a la educación como un derecho social.
Cumbres de las Américas
En diciembre de 1994 se realiza en Miami, Estados Unidos, la I Cumbre de las Américas, en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos). Realizada por iniciativa de Estados Unidos, asisten todos los presidentes de los países de América, excepto Cuba, que no fue invitada por estar suspendida como miembro de la OEA desde la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo (Punta del Este, Uruguay, enero de 1962). En un proceso claramente determinado por los intereses estadounidenses, se propone la creación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) que, en su capítulo referido a servicios, también incluye a la educación. Por lo tanto, se la considera un servicio comercializable y que requiere un mercado libre, por lo que se permitiría la radicación de inversiones educativas con total apertura y libre circulación en todos los países signatarios. Es posible que la educación esté incluida en la recomendación de que los Estados deberán abstenerse de brindar servicios que entren en competencia desleal con los demás servicios, bienes y capitales que circulen libremente.
En el marco de estas Cumbres de las Américas (I: Miami, Estados Unidos, diciembre de 1994; II: Santiago, Chile, abril de 1998; III: Québec, Canadá, abril de 2001; Extraordinaria: Monterrey, México, enero de 2004; y IV: Mar del Plata, Argentina, diciembre de 2005), la Secretaría General de la OEA crea, en 1996, la UDSE (Unidad de Desarrollo Social y Educación), responsable del seguimiento de los mandatos de las cumbres vinculados con la educación y la pobreza e impulsora de políticas en tal sentido. Con la cooperación del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), promueve cuatro Reuniones de Ministros de Educación de los países miembros (Mérida, México, 1998; Punta del Este, Uruguay, 2001; México D.F., México, 2003; y Scarborough, Trinidad y Tobago, 2005).
Previamente a la penúltima reunión de Ministros mencionada, la UDSE convoca a un encuentro denominado La participación de la sociedad civil en la educación (Bogotá, Colombia, 28 y 29 de julio de 2003). En él participan dieciséis organizaciones sociales vinculadas a la educación, cifra exigua comparada con las que existen en todo el continente. Se aprobó una Declaración a ser presentada a los Ministros de Educación que expresa: “... En vista de las repercusiones que el ALCA puede tener en la educación de los países y en las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema, sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas, llevar a cabo un estudio serio de este punto, que permita formular propuestas que favorezcan la educación de los niños, las niñas y los jóvenes del continente. (...) Sugerimos a los Ministros de Educación de las Américas elaborar una propuesta conjunta para ser presentada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas en noviembre próximo, para que el Fondo Monetario Internacional condone una parte de la deuda externa y la destine a la inversión en la ampliación del acceso y el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación de los países de América Latina y el Caribe”. Es ésta la primera referencia explícita al canje de deuda externa por educación.
Presentada dicha Declaración ante la III Reunión de Ministros de Educación de la OEA (México D.F., México, 11-13 de agosto de 2003), a la cual asiste por primera vez un representante de Estados Unidos, la propuesta de canjear deuda externa por educación elaborada por la UDSE genera largas discusiones oficiales y extraoficiales. Es tomada y defendida por el Ministro de Argentina acompañado por sus pares de Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, en la declaración formal del encuentro, aparece sólo una tibia referencia al tema: “... 7 .Consideramos conveniente explorar la posibilidad de canje de deuda por educación.”, como así también: “... Instamos a los Organismos Financieros Internacionales y a las naciones con mayores niveles de desarrollo a responder a los compromisos (...) mediante la creación de un Fondo Multilateral para la educación que permita no sólo apoyar a las naciones más vulnerables sino estimular a los países que están avanzando en el cumplimiento de las metas del milenio. 8. Presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno (...) la propuesta de un Fondo Multilateral, alianza entre el sector público y privado, para apoyar la educación”.
Informaciones periodísticas señalaban que “la aspiración latente apunta a que se logre una reducción de los intereses que oscile entre un 3 y un 5% de la deuda que el país debe pagar anualmente...” y “... Queda bien en claro que no se aplicarían al pago de sueldos y se emplearían para mejorar la calidad de la educación y su universalización...” (Diario La Nación, 6 de setiembre de 2003).
A partir de esta reunión, la propuesta tiene amplia difusión por la prensa.
Sin embargo, es recién en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, 4 y 5 de diciembre de 2005) —en la que los países del MERCOSUR y Venezuela pusieron serias reservas a la continuidad del ALCA— que el tema aparece en una declaración de presidentes en este ámbito de la OEA.
Dice la Declaración de Mar del Plata: “43. Apoyamos las recomendaciones contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de la IV Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en Scarborough, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de agosto de 2005. Nos esforzaremos para que la educación pública sea de calidad en todos los niveles, así como promoveremos la alfabetización para asegurar una ciudadanía democrática, fomentar el trabajo decente, luchar contra la pobreza y lograr una mayor inclusión social. Para alcanzar estos objetivos se requiere una inversión financiera sustancial por parte de los gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Tomamos nota con satisfacción de la sugerencia de los ministros de Educación para que nuestros gobiernos exploren, con las instituciones financieras internacionales, otras formas innovadoras de incrementar el financiamiento para la educación, tales como el canje de deuda por inversión en educación”.
Cumbres Iberoamericanas
Con anterioridad a las Cumbres de las Américas convocadas por la OEA e inspiradas claramente por Estados Unidos, se venían desarrollando las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Éstas fueron promovidas inicialmente por España y México y convocan a los mandatarios de los países hispano-luso hablantes, incluida Cuba, con España, Portugal y Andorra, para crear la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Se realizan anualmente en cada país miembro (I: Guadalajara, México, 1991; II: Sevilla, España, 1992; III: Bahía, Brasil, 1993; IV: Bariloche, Argentina, 1994; y así sucesivamente hasta la XIII: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003; XIV: San José, Costa Rica, 2004; y XV: Salamanca, España, 2005).
En este ámbito, se recrea la preexistente OEI (Oficina de Educación Iberoamericana) y se transforma en OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Este organismo convoca, también anualmente y previa a cada Cumbre de Presidentes, a las Conferencias Iberoamericanas de Educación, con los ministros del área de cada país miembro. En la XIII Conferencia (Tarija, Bolivia, 3 y 4 de setiembre de 2003), realizada un mes después que la de la OEA, vuelve a plantearse el canje de deuda por educación. En la Declaración de Tarija se expresa:
“... Reafirmamos que para garantizar la equidad, calidad y pertinencia de la educación que se imparte en todos los niveles educativos iberoamericanos, es necesario aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión en educación y proteger la ya efectuada en programas educativos con el fin de asegurar su sostenimiento y profundización. A tales efectos, solicitamos a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que analice mecanismos que permitan la conversión de un porcentaje a determinar de los servicios de la deuda por inversión en educación...” El tema es tomado por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 14 y 15 de noviembre de 2003), la que declaró lo siguiente: “32. Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objetivo de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea el interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y, a la vez, aumentar la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo”.
Un año después, en la XIV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (San José, Costa Rica, octubre de 2004), se volvió a considerar la propuesta y se declaró: “...continuar el desarrollo de mecanismos adecuados que permitan la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países”.
En la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José, Costa Rica, 19 y 20 de noviembre de 2004), denominada precisamente Educar para progresar, el tema se expresó en la Declaración Final con mayor amplitud: “22. Nos comprometemos a promover en los distintos foros multilaterales el examen y la adopción de mecanismos financieros innovadores; inclusive, la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países u otras iniciativas que permitan gestionar recursos financieros que constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación. 23. Estos recursos deben invertirse según las necesidades concretas de nuestros países en programas que fortalezcan los sistemas educativos inclusivos, privilegiando la atención a la primera infancia, la población analfabeta o con bajaos niveles de escolarización, las personas con discapacidad, así como proyectos que fortalezcan la enseñanza secundaria. 24. Estos fondos serán objeto de un manejo transparente y de una eficiente administración mediante mecanismos efectivos de control, de prevención y de rendición de cuentas con base en las metas propuestas y los resultados obtenidos”.
En la XV Conferencia Iberoamericana de Educación de la OEI (Toledo, España, 13 y 14 de julio de 2005) se propugna un acuerdo bilateral. Se propone a los mandatarios que impulsen un Pacto Iberoamericano por la Educación que permita encontrar nuevos mecanismos para financiar la educación; entre ellos, el canje de deuda por inversiones en educación. En este caso, cada Estado Iberoamericano que mantenga una deuda con el Estado Español tendrá que realizar un acuerdo bilateral y presentar un proyecto educacional para que, en lugar de pagar y girar a España parte de su deuda, invierta esa suma acordada en un programa que fortalezca su sistema educativo. Dice la Declaración de Toledo que “los nuevos fondos obtenidos por el canje de deuda deberán apoyarse en una administración transparente y eficiente y en el seguimiento de los nuevos proyectos educativos teniendo en cuenta a la sociedad civil”.
En la misma reunión, se confirma el anuncio ya difundido de la condonación, por parte de España, de aproximadamente el 8% de la deuda que Argentina mantiene de U$A 1100 millones, lo que significarían U$A 78 millones. El Ministro argentino señaló que dicho monto será aplicado al Programa Nacional de Becas Estudiantiles.
La XV Cumbre Iberoamericana volvió a tocar el tema y produjo un Comunicado especial sobre conversión de deuda por inversión educativa que no agrega ningún concepto novedoso a los ya declarados en cumbres anteriores.
Como se observa, hasta ahora sólo se han producido expresiones de deseos —excepto, quizá, con España— sin que se hayan propuesto negociaciones concretas ni mecanismos específicos para concretar ese canje.
La UNESCO
En la 32ª. Conferencia General de la UNESCO (París, Francia, 21-25 de setiembre de 2003), el Ministro de Educación de Argentina solicita en su discurso “que la UNESCO encabece el trabajo para desarrollar mecanismos de trueque de deuda por educación(...). Se trata de sumar nuevos fondos que, con la participación de instituciones como UNESCO y UNICEF y de organizaciones locales de la comunidad, sean utilizados con transparencia y eficiencia...”. (Discurso, en Diario Clarín, 13 de octubre de 2003).
¿Desendeudamiento?
En diciembre último, Brasil y Argentina anunciaron el pago total de la deuda mantenida con el Fondo Monetario Internacional, medida que se publicitó como desendeudamiento. Una visión ingenua supondría que, entonces, ya no hay nada que canjear y, por lo tanto, quedaría anulado el canje de deuda por educación.
Sin embargo, el FMI es sólo uno de los acreedores. En el caso argentino, según el Diario Clarín (31 de diciembre de 2005), además de los bonistas privados y los bilaterales, se mantiene la deuda con el Banco Mundial (U$A 6837 millones) y con el BID (U$A 8507 millones), entre otros, por lo que la deuda total es de U$A 124.332 millones. Sin embargo, otros especialistas indican que esa cifra supera actualmente los U$A 135.000 millones.
De mantenerse la idea de canjear deuda por educación con el BID y el BM, se produciría otra insólita paradoja: se estaría canjeando una deuda que, en parte —y sin que se conozcan las cifras— se contrajo por la suscripción de préstamos para educación con ambos organismos y que significaron el financiamiento de proyectos y programas de asesorías para implementar las llamadas reformas educativas de tan dramáticas consecuencias. Esos préstamos se invirtieron en la contratación de expertos y asesores y en la compra de insumos y publicidad. Pero, fundamentalmente, impulsaron las concepciones del neoliberalismo educativo difundidas en todos los países. Resulta casi obvio señalar que estos organismos sólo aceptarían negociar algún canje condicionando las políticas educativas de los países deudores en la misma direccionalidad que ya lo venían haciendo.
La crítica
La difusión pública de esta propuesta generó importantes debates y sólidos cuestionamientos, a pesar de su lento avance concreto. Entre muchos otros, esas críticas fueron expresadas en tres documentos.
Carta Abierta al Presidente de la Nación y al Ministro de Educación. Canje de deuda externa por educación y conocimiento: ¿propuesta soberana o de la banca mundial? (Buenos Aires, Argentina, 5 de noviembre de 2003). Promovida por un grupo de pedagogos argentinos, en una semana recibió el apoyo de 1027 firmas de investigadores de la educación, docentes, personalidades de distintos ámbitos y de organizaciones gremiales del sector. Entre otros conceptos, solicitaba: “... se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a los países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso; destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años”.
Canje de deuda externa por educación . Diálogo 2000-Argentina, MoPaSSol y otros (Buenos Aires, Argentina, 17 de noviembre de 2003). Entre otras reflexiones, señalaba: “La propuesta de canje de deuda por educación adelantaría la aplicación del capítulo de inversiones del ALCA en nuestro país, en todo el continente y aún en el resto de los países endeudados de la periferia mundial. (...) Estos discursos pueden crear expectativas en sectores preocupados por las carencias del presupuesto destinado a la educación. Pero hay que decir que tales propuestas no responden a los verdaderos intereses del pueblo y la nación. Son consignas engañosas como lo fueron otras conocidas anteriormente”.
Carta Abierta a los Jefes de Estado presentes en la XIV Cumbre Iberoamericana “Educar para Progresar” (San José, Costa Rica, 18 de noviembre de 2004). Promovida por el Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos, fue remitida a los participantes de la mencionada cumbre y recibió la adhesión de numerosos pedagogos de América Latina y el Caribe. Entre otras consideraciones, reclamaba: “Se constituya un tribunal internacional para la deuda externa en el que, luego de una auditoría integral y multicriterial de dicha deuda para impugnar deudas ilegales e ilegítimas, se pueda encontrar respuestas definitivas, equitativas y sostenibles, respetando los derechos elementales de los pueblos, incluyendo su derecho al desarrollo. Sólo así la deuda externa dejará de ser eterna”.
Pertinencia y actualidad de la crítica
Las ideas expresadas en los textos mencionados conservan plenamente su vigencia. Por lo tanto, retomando gran parte de lo en ellos expuesto, es necesario insistir en que canjear deuda externa por educación y conocimiento significa:
reconocer la legitimidad de la deuda, la que está inapelablemente cuestionada no sólo por el reclamo de los pueblos sino por investigaciones económicas fundamentadas;
renunciar a la denuncia de su carácter fraudulento, tal cual fue establecido en Argentina por la sentencia (13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;
abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido pagando y que, en realidad, los acreedores de la deuda histórica, ecológica, social e incluso financiera, son los actuales países sobreendeudados;
posibilitar la injerencia de los organismos internaciones de crédito en la decisión de las políticas educativas nacionales, ya que es ingenuo suponer que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a los países desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana;
continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa que, ensayadas en el Chile de Pinochet, se impusieron en América Latina en la década del noventa por la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial —uno de los acreedores— y que pretendieron introducir mecanismos de mercado en los sistemas educativos públicos;
aceptar la idea —que no es nueva— de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados “países en vías de desarrollo”;
prolongar la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte de los ministerios de educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa y que se gastaron fundamentalmente en suculentos sueldos de técnicos, asesores, publicaciones, cursos y publicidad, desatendiendo las necesidades educativas concretas de los pueblos;
mantener los dramáticos efectos —de los que son corresponsables tales programas y proyectos— que tales políticas tuvieron en los países latinoamericanos que, lejos de resolver las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales, las agudizaron y crearon nuevas: la escuela pública sólo para los más pobres, la pérdida de su función educadora, la desestructuración de los sistemas, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre regiones y sectores sociales, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por niños y jóvenes, la desatención de la educación de adultos, la ausencia de contenidos nacionales y latinoamericanos, el abandono de orientaciones relevantes para cada país, etc.;
reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de excelente negocio para los inversores que significó el canje de deuda por inversiones;
desconocer los resultados perversos que ha tenido el canje de deuda por desarrollo, en el que los países son sometidos al monitoreo del cumplimiento de las recetas económicas ortodoxas del FMI, aún cuando los fondos se destinaran a “ayuda para la pobreza”;
desechar la experiencia del canje de deuda por naturaleza, posibilitando la actuación de las ONGs de los países acreedores;
insistir, de aplicarse un modelo similar, en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo y de sus problemas, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs de supuesto prestigio introducidas en las escuelas y desde las cuales se contratan expertos y se compran insumos —en especial, tecnológico-dependientes (computadoras)— y materiales;
ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos (2003), este país ejercerá en ella su indudable influencia;
no reparar en que, aunque sea la OEI quien supervise dicho canje, ésta no ha escapado a la influencia de las concepciones del neoliberalismo educativo en boga;
olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico-tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente superó ampliamente el presupuesto educativo total de cada uno de los países deudores;
postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de fondos especiales educativos con asignaciones específicas y prolongadas en el tiempo.
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Tomando en cuenta las informaciones y consideraciones precedentes,
INVITAMOS a las personas y a las organizaciones sociales y políticas participantes del VI Foro Social Mundial a debatir y profundizar estas ideas y a difundir entre los pueblos las previsibles consecuencias negativas que traerá para la educación popular la propuesta de canjear deuda externa por educación.
Buenos Aires, 17 de enero de 2006.
Observación: Este trabajo es el resultado de encuentros y consultas realizados por iniciativa de Diálogo 2000 de Argentina / Jubileo Sur. La redacción final estuvo a cargo de la profesora Ana T. Lorenzo.
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